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EL ÚLTIMO RECURSO

¿Hace 'sudokus' el Tribunal Supremo?

¿Prefiere la Sala Segunda juzgar antes a Garzón por los patrocinios de Nueva York que por el franquismo?

Se atribuye a Adolf Hitler la siguiente frase: "Con el tiempo uno se arrepiente de haber sido tan bondadoso". Se equivocaba.

Es probable, querido lector, que ya no lo recuerde, pero a mediados de los años 90, cuando se conoció que los GAL -el grupo integrado por mercenarios y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para hacer la guerra sucia contra ETA- estaban dirigidos desde el Ministerio del Interior, un importante sector de la sociedad española se movilizó en defensa del entonces ministro José Barrionuevo y del secretario de Estado Rafael Vera, que fueron juzgados y condenados por el secuestro de Segundo Marey. Se consideraba que buscar atajos contra el terrorismo podía ser un error, pero que los implicados habían actuado de buena fe al servicio de los ciudadanos.

Todo ese apoyo se vino abajo cuando se supo que, para completar los sueldos que percibían, algunos implicados habían cobrado cantidades importantes de los fondos reservados que el departamento disponía para pagar a confidentes, entre otros usos. A partir de aquel momento, gran parte de los que les habían defendido miraron hacia otro lado y les dejaron caer. Se podía perdonar que se cometieran delitos -secuestros y asesinatos- por luchar contra el terrorismo, pero no que metieran la mano en la caja.

Fuentes del Tribunal Supremo han comentado que algunos magistrados de la Sala Segunda quieren aplicar a los procesos contra Baltasar Garzón la táctica de los fondos reservados. El juez tiene importantísimos apoyos en el caso de la memoria histórica, la causa que abrió para tratar de investigar los crímenes del franquismo, porque aunque estuviera equivocado al hacerlo, perseguía un fin con el que media España está de acuerdo. Sin embargo, esos magistrados, que nunca antes habían recibido una crítica tan dura por su actuación, están convencidos de que nadie movería un dedo en favor del juez si consiguieran condenarle previamente por el caso de los patrocinios de los cursos de la Universidad de Nueva York.

Pero el congelar una causa y al mismo tiempo acelerar otra para soslayar los apoyos a Garzón constituiría un delito de retardo malicioso en la administración de la justicia -provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima-, recogido en el artículo 449 del Código Penal, y todo el mundo sabe que el Supremo no comete delitos sino que los persigue.

Sin embargo, después de que, en una verdadera efervescencia creativa, el pasado 11 de mayo el instructor del proceso sobre el franquismo, Luciano Varela, batiera el récord mundial de resoluciones -siete- dictadas por un juez del Supremo en un solo día, ahora la Sala ha tardado dos meses en notificar un auto que confirma la decisión de negar a Garzón todas las pruebas que había propuesto para su defensa.

La celeridad de Varela fue clave para que el Consejo General del Poder Judicial, en un pleno extraordinario celebrado el 14 de mayo, pudiera suspender en sus funciones a Garzón, y así cercenar la salida digna que hubiera supuesto que se le declarara en situación de servicios especiales como asesor del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Ahora trabaja para esta instancia como contratado.

Lo cierto es que el caso se ha ralentizado, aunque si se quisiera se podría juzgar en noviembre.

En cambio, lo que marcha a velocidad de crucero es el asunto del patrocinio de los cursos de Nueva York. El instructor, Manuel Marchena, debe ser admirador del general George Patton, uno de los duros de la Segunda Guerra Mundial, que afirmaba: "Que Dios tenga piedad de mi enemigo porque yo no la tendré". Tras interrogar a banqueros y empresarios, ha ordenado a la Guardia Civil una investigación exhaustiva de los ingresos, cuentas y depósitos de Garzón en el tiempo en que estuvo en Nueva York, lo que no se justifica a la vista de los hechos investigados, por lo que se convierte en una causa general económica prohibida. Y ello a pesar de que Garzón no hizo nada distinto de lo que hacen los magistrados del Supremo, que cobran por intervenir en cursos patrocinados por bancos y empresas que en ocasiones tienen procesos abiertos sobre los que ellos tienen que decidir.

No parece que el caso vaya a ir muy lejos, pero mientras, mediáticamente, se dejan caer sospechas de enriquecimiento ilícito por parte de Garzón. Habrá que tener cuidado, porque como decía Ghandi: "Ojo por ojo y todos ciegos".

Tal y como están las cosas, y aunque yo esté convencido de la honradez de los integrantes de la Sala Segunda, cabe preguntarse: ¿Hace sudokus el Supremo con los casos de Garzón?

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 28 de septiembre de 2010