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Solo el 14% de los octogenarios están atendidos en un geriátrico

Ocho regiones se sitúan por debajo de la media española en cobertura residencial

En 2025 habrá en España casi 2,5 millones de personas entre los 80 y los 90 años, la edad en que suelen ingresar en las residencias geriátricas. No habrá plazas para ellos. No, si siguen aumentando al ritmo mortecino al que lo hacen ahora. La población es una proyección demográfica del INE. Lo que dicen las proyecciones sociales es que tampoco habrá entonces amas de casa que puedan encargarse de estos ancianos.

Como 2025 es cifra larga para los políticos, volvamos al presente. Hoy la media española de mayores de 80 años atendidos en residencias está en un 14%. No es mucho, pero peor aún es que muchas regiones, ocho en concreto, están por debajo de esa cifra que no se diferencia mucho de la de anteriores años, a pesar de que 2008 ha sido clave en la implantación de la Ley de Dependencia.

Murcia, Canarias y Andalucía, las que menos plazas por habitante ofrecen

Falta planificación pública para un sector que debe hacer cambios

Murcia, Galicia, Canarias y Andalucía son las que menos cobertura tienen, las dos primeras con un 8,1% y las dos segundas con algo más de un 10%. Las que tienen más plazas para acoger a los ancianos en residencias son Castilla-La Mancha (21%) y Castilla y León (20,2%). Más abajo se sitúan Aragón (17,8%), Navarra y Madrid (por encima ambas del 16%).

Estas cifras se extraen de los últimos datos publicados por el Imserso en su Portal de Mayores, recogidos a finales de 2009. Ya debería haber cifras más recientes, pero los datos estadísticos sobre personas mayores, que cada dos años publica el Gobierno, este año aún no se han difundido, a pesar de las promesas del Ministerio de Sanidad y Política Social.

"Con la cobertura que presentan las comunidades, difícilmente se podrá atender a la población en unos años. Pero tan importante como el número de plazas es la planificación sobre dónde ubicarlas y qué tipo de plazas han de ser", dice Gustavo García Herrero, miembro de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. "Hay que avanzar en la atención sociosanitaria. Sobre todo en atención de los procesos de rehabilitación en residencias, convalecencia para determinadas enfermedades y largas estancias para según qué patologías. Interesa por el bien del ciudadano, sus familias y de la economía", dice García Herrero, que aboga porque avancen las estancias temporales en residencias.

Todo eso parece todavía pura quimera, cuando faltan aún miles de camas para ancianos en los geriátricos. Pero, por otro lado, los empresarios del sector dicen que en sus centros hay cerca de 50.000 plazas vacías. Este desajuste responde a varias razones: no todas las plazas están construidas en los lugares donde hay demanda. Algunas de ellas son tan caras que el ciudadano no puede pagarlas, ni los precios que da la Administración para concertarlas convencen a los empresarios. Reciben entre 45 y 50 euros por plaza y día, menos de lo que cuesta dormir en un hostal, se quejan. Ellos pagaron mucho por el suelo, y, además, poner en marcha una plaza cuesta alrededor de 50.000 euros. Y, por último, hay muchas residencias que están abocadas al cierre porque sus condiciones no alcanzan los requisitos que se exigirán con la Ley de Dependencia. "Ni los alcanzan ni los alcanzarán nunca, es cuestión del edificio, de las medidas de seguridad, de evacuación", afirma José María Cosculluela, presidente de Vitalia Home, una empresa con geriátricos en varias regiones. "El sector debe enfrentar una gran reconversión en un plazo de unos cinco años", vaticina. Así será, sin duda, cuando las comunidades vayan completando sus decretos sobre los requisitos que han de cumplir estos centros para poder recibir a ancianos con una ayuda pública.

Cosculluela cree que el mercado privado puro será "cada vez más estrecho" porque las plazas concertadas "están bien y son más baratas". La crisis tampoco ha ayudado a revitalizar al sector. Las familias más apuradas han sacado a los abuelos de las residencias. Se garantizaban con ello disponer de la pensión del anciano y posiblemente de una ayuda para el cuidador familiar.

Tampoco la crisis permite a las Administraciones regionales desahogo para aumentar el precio que pagan al empresario por ocupar sus residencias. A menos que se opte por una fórmula que no convence a los expertos de los servicios sociales: la prestación económica para recibir un servicio, una especie de cheque social que se daría al usuario para que se ayude con él a pagar una plaza residencial. "Esa solución rompe la vía del acceso público, porque es el usuario el que tiene que buscarse la vida para conseguir residencia. Además, a los geriátricos les permite seleccionar a su clientela y los más indefensos y con mayores dificultades tendrán más problemas. Todo ello amenaza con crear un sistema dual, centros públicos para gente con menos recursos y privados para los que más tengan", dice el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de septiembre de 2010