Normas de convivencia incumplibles

Acostarse en el césped de Marbella (Málaga), jugar con un avión de aeromodelismo en Sevilla, o mover a deshora los muebles en Granada tienen multa. Los Ayuntamientos andaluces han sucumbido al furor de las ordenanzas de convivencia, un cajón de sastre en el que cabe todo, incluidas la prohibición de mantener relaciones sexuales en la calle, aunque, una vez aprobadas, resulten de difícil cumplimiento.

Granada (gobernada por el PP) abrió la espita en noviembre de 2009 con una ordenanza inspirada en la de Barcelona sobre la prostitución. El articulado regula hasta 250 conductas, incluidas las que se desarrollan en el interior de las viviendas. Saltos, golpes, música o portazos están vedados a la hora de la siesta. Por la noche no se pueden hacer ni reparaciones domésticas, ni cambios de muebles. Prevé hasta 3.000 euros por mantener relaciones sexuales en la calle, 300 euros por vender clínex o hacer malabarismos en la calle.

En Sevilla, no se ha puesto este año ninguna multa a los 'gorrillas'

La asociación de juristas y abogados Grupo 17 de Marzo la recurrió ante el TSJA por considerarlo "contraria" a la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad y por "vulnerar derechos fundamentales" como el de reunión, manifestación o la libertad de expresión. Además, denunciaron la criminalización de los colectivos más débiles.

Los problemas jurídicos de la normativa de Granada, que sigue aplicándose, no han impedido que Málaga la tome como referente. El 30 de septiembre, la capital de la Costa del Sol, llevará a pleno su propia ordenanza de convivencia. Como ya ha hecho en Granada, Marbella o El Ejido (Almería), sancionará que se mantengan relaciones sexuales, con pago o sin él, a menos de 200 metros de núcleos residenciales, empresas o centros educativos. Sindicatos policiales, como la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía, han reclamado al Ayuntamiento malagueño "criterios claros de aplicación", como la definición de "relación sexual", para evitar confusiones.

Julio Andrade, edil de Participación Ciudadana (PP), no lo cree necesario. "Sólo hace falta sentido común para identificar estas prácticas", asegura. Aún así, darán charlas formativas.

Ninguna de estas normas municipales hace referencia expresa a la prostitución, para evitar problemas jurídicos. "La teoría es que los ayuntamientos pueden desarrollar este tipo de prohibiciones si existe una ley que le dé soporte", explica Agustín Ruiz Robledo, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. "Ya nos gustaría que hubiera un marco legal y un debate valiente a nivel nacional, pero como no lo hay, nos limitamos a regular los comportamientos en la vía pública que afectan a la convivencia", justifica Andrade.

Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, alaba que el Consistorio se haya atendido las inquietudes vecinales, pero cree que "se han metido en un jardín" al extender la prohibición a todo tipo de relaciones sexuales. "Deberían repensar lo de regular las manifestaciones de afectividad. Cuando se tiende a regularlo todo, se tiende a la discriminación", comenta.

Málaga se ampara en los "buenos resultados" que ha tenido la ordenanza en Granada. En los 11 meses que lleva en vigor, las prostitutas se han trasladado a los pueblos colindantes. Las que han recibido multas, han dado direcciones falsas y no llegan a pagarlas. Los clientes multados, en cambio, piden pagar pronto para que no les llegue notificación a casa. Contra los gorrillas, otro de los colectivos afectados, se han abierto más de 100 expedientes, pero sólo se ha recaudado una multa. Las claveleras no han dejado de leer el futuro de los turistas en los alrededores de la Catedral granadina, y los mimos y artistas callejeros siguen actuando, aunque con permiso.

En Sevilla, gobernada por el PSOE, tampoco se multa a los aparcacoches ilegales, a pesar de que su ordenanza, de 2008, prevé sanciones de hasta 120 euros para quienes hostiguen a los conductores. "Son personas indigentes, indocumentadas, insolventes y sin residencia, ¿cómo se les va a multar?", cuestiona Luis del Val, portavoz del Sindicato de Policías Municipales. Cuando la ordenanza entró en vigor tenían instrucciones de multarles, asegura Del Val, pero las denuncias no llegaron a nada porque eran personas sin recursos. "En teoría, es una buena medida, pero hasta ahí. En 2010 no hemos puesto ninguna multa a gorrillas".

La ordenanza sevillana castiga el vertido de desagües de aparatos de aire acondicionado en la calle, el uso de juguetes de aeromodelismo en lugares no autorizados, y el ofrecimiento de apuestas, como el del trile, con una multa que oscila entre 1.500 y 3.000 euros.

El municipio almeriense de Carboneras, también gobernado por el PSOE, es uno de los últimos en sumarse a las ordenanzas de convivencia. Prevé multas de 600 euros por tender en los balcones o por salpicar a un peatón. La capital almeriense ya prepara la suya.

Con información de Valme Cortés, Elsa Cabria, Marta Soler, Ginés Donaire y Manuel J. Albert.