Columna
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Nadar

Las autoridades europeas siguen recelando del sistema impuesto por el Gobierno español para ayudar a costear la televisión pública una vez eliminados los ingresos por publicidad. La tasa que grava a las empresas de telecomunicaciones para que contribuyan a la financiación del canal público es contestada por estas, que no quieren pagar. ¿Ahí fuera hay alguien que quiera pagar algo? El debate es eterno y no se resolvió de manera transparente cuando comenzaron las privatizaciones de las compañías telefónicas, cuando habría sido el momento perfecto para establecer la norma. En el fondo, la expansión digital y el acceso a las redes de telecomunicaciones nos está saliendo carísimo a los españoles, que pagamos hoy unas facturas al sector excesivamente sangrantes y, más aún, en tiempos de crisis donde todo se recorta menos nuestros recibos. Estar conectado, una necesidad prioritaria en negocios, formación y vida cotidiana, nos obliga a vivir con un roto en el bolsillo de dimensiones preocupantes.

Como servicio primordial en nuestra vida, no puede cuestionarse la necesidad de conexión, pero sí que el Estado renunciara de manera turbia a la autopista por la que iba a circular nuestro crecimiento futuro, la expansión comercial, el desarrollo cultural. Que un bien tan preciado, que garantizaría la igualdad y el desarrollo del país, se privatizara justo antes del estallido del verdadero negocio no hace sino confirmar el mal olor que ya nos atufó cuando los compañeros de clase y amigos varios del poder se hicieron con las riendas del futuro comunicativo del país. En periodos de recorte de gastos, donde la creación de empleo exige que se puedan emprender nuevos negocios, dinámicos, adaptados a una nueva era, ser cautivos de intereses particulares nos deja esposados. Nos obliga a nadar a contracorriente y pagando por cada brazada. Si además, la rigurosa interpretación garantista de los comisarios europeos exime a los beneficiarios de nuestra dependencia de cualquier compromiso por los valores públicos de la comunicación, entonces habrá que aprender a nadar con una piedra atada a los tobillos.

Frente al enfermizo recurso de las subvenciones, verdadera política del parche, es imprescindible socializar beneficios de ciertos sectores privilegiados, porque seguimos queriendo ser un país formado, cultivado, con accesos al conocimiento, y no un erial poblado por meros pagadores de facturas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0024, 24 de septiembre de 2010.