Deberes a medias

El acuerdo sobre servicios mínimos en el transporte para la huelga general del próximo día 29 debe entenderse en principio como un éxito de la voluntad negociadora del Gobierno y los sindicatos y el reconocimiento sindical de que el éxito de la huelga, que por muchas razones puede calificarse de política, no puede perseguirse mediante el estrangulamiento de los transportes públicos y privados. La primera calificación, por tanto, es política: resulta que la del 29 será la primera huelga general que cuenta con un pacto de mínimos para el transporte, que es el factor estratégico para garantizar la movilidad ciudadana en todo el territorio nacional. En consecuencia, sienta un precedente valioso para futuros conflictos.

En términos generales, el acuerdo es satisfactorio. Garantiza el 25% del servicio en la red ferroviaria de cercanías (30% en horas punta), que son las líneas fundamentales para permitir el transporte de los ciudadanos que quieran trabajar; el 10% de los vuelos intrapeninsulares, el 50% de los vuelos entre la península y las islas, el 20% con conexiones europeas y el 40% del resto de los vuelos internacionales. Para el transporte por carretera se mantienen los servicios pactados en la huelga de 2002. En conjunto, es un logro razonable del Ministerio de Fomento. La acusación de la patronal CEOE de que resultan insuficientes, con la interpretación añadida de que el Gobierno "desea" el triunfo de la huelga, parece un análisis desaforado.

Ahora bien, conviene precisar que la decisión crucial sobre el papel del transporte en la huelga del 29 se decide en las negociaciones entre las comunidades autónomas y Ayuntamientos con los sindicatos. El nivel de los servicios en los trenes de cercanías, el metro y los autobuses urbanos determinará hasta qué punto se armoniza el derecho al trabajo con el derecho a la huelga.

La falta de acuerdo en Madrid, donde la Comunidad ha impuesto el 50% de frecuencias en horas punta y el 20% en horas valle, apunta a un posible foco de conflictividad. Puesto que, como se ha dicho, la huelga tiene un carácter eminentemente político, hay que exigir a los sindicatos un juego limpio en prestaciones mínimas; y a la Administración autónoma que no se encastille en presuntos agravios comparativos con otras comunidades autónomas, donde la densidad de las redes de transporte es diferente. Los ciudadanos acabarán pagando las consecuencias de una falta de acuerdo en forma de incumplimientos de los servicios impuestos y, quizá, de enfrentamientos indebidos.

Las dificultades de algunas autonomías para pactar servicios mínimos y la laboriosa negociación de Fomento con los sindicatos llama de nuevo la atención sobre la necesidad de aprobar en el Congreso una Ley de Huelga que, al menos, implante unos criterios generales sobre servicios mínimos y defienda con cierta concreción los derechos de los sindicatos y los ciudadanos.