Huelga general

El próximo día 29 está convocada por UGT y CC OO una huelga general en España, a la que en Galicia se ha sumado la CIG, con el fin de lograr la rectificación del Gobierno en su política de ajuste y en particular de la lesiva reforma laboral aprobada recientemente por el Ejecutivo. Lo primero que sorprende en el proceso de preparación de la huelga es el intento por parte de determinados sectores políticos y económicos de ocultar y desvirtuar los motivos de la convocatoria sindical. Con una unanimidad muy preocupante desde el punto de vista democrático, todos los medios del establishment han decidido sustituir el debate de fondo por una campaña de estigmatización y deslegitimación de las centrales sindicales, a las que los poderes económicos y los llamados mercados consideran el último muro que hay que derribar para imponer sus políticas antisociales.

En el último año, el empleo destruido en Galicia duplicó al del conjunto de España

Así pues, parece necesario y oportuno recordar que los sindicatos españoles han hecho una aportación impagable a la conquista de la democracia, a la moderación política en momentos muy delicados y, desde luego, a la defensa de los derechos de los trabajadores, a la cohesión social y a la estabilidad política del país. Por eso no es de recibo el intento de descalificar a las instituciones sociales que, como nuestros sindicatos, más han contribuido al bienestar social y a la estabilidad democrática.

A partir de ese inexcusable reconocimiento del papel sindical es evidente que se pueden y se deben discutir los motivos y oportunidad de la convocatoria de huelga general. Por supuesto, los sindicatos no sólo tienen el derecho constitucional a promover una acción de esa envergadura, como reconocen incluso los críticos más paternalistas, sino que además les asiste la razón. En efecto, cuando un Gobierno como el que preside Zapatero en mitad de la legislatura cambia radical y abruptamente su proyecto político y abandona el programa que le llevó al poder, rompiendo de esta forma el contrato con los ciudadanos, sólo existen dos salidas políticas. La primera, que el Gobierno convoque elecciones generales para someter a la ciudadanía su nuevo programa. La segunda consiste en la movilización social para que el Ejecutivo rectifique su política. Como unas elecciones sólo las puede convocar el presidente del Gobierno, y éste no parece dispuesto a tal cosa, a los sindicatos sólo les queda el recurso de la movilización democrática de la ciudadanía. Y esta respuesta, si quiere estar a la altura del desafío del Gobierno, no puede ser otra que una acción de carácter nacional, es decir, una huelga general.

Por lo que respecta a Galicia, la Xunta no puede evadir su responsabilidad en la grave situación que vive nuestra economía. Los datos elaborados por el Gabinete Económico de CC OO son bien elocuentes al respecto. En el último año y medio el número de ocupados cayó en 120.000 personas. Si entre 1994 y 2007 el empleo aumentó en Galicia en 250.000 personas, en 20 meses se destruyó prácticamente la mitad de todos los puestos de trabajo creados por la economía gallega en la fase de crecimiento económico más intensa que conoció Galicia en toda su historia reciente. En el año 2010 la evolución del empleo en el primer trimestre fue catastrófica y, de hecho, son los peores datos trimestrales desde que se inició la crisis. Galicia fue la comunidad autónoma que más empleo perdió en toda España en ese período. La caída del 3,6% del empleo triplica el 1,3% que experimentó la economía española. En términos comparados con el conjunto de España, en el último año la población ocupada en Galicia cayó en 53.000 personas, un 5% sobre la cifra inicial, mientras que en el conjunto de la economía española el empleo destruido fue de 468.000 personas, lo que representa el 2,4%. Esto es, la destrucción de empleo en el último año en Galicia duplica la media española.

No parece, pues, que la Xunta de Galicia pueda marcharse de rositas ante las exigencias económicas y sociales que el día 29 van a poner sobre el tapete las centrales sindicales gallegas. Sobre todo si se tiene en cuenta que la respuesta presupuestaria de la Xunta a esta grave situación consiste exclusivamente en recortar los derechos básicos de la ciudadanía.