Cerco a las drogas al volante

Más de uno de cada cuatro conductores (en concreto, el 28,8%) que se sometieron el pasado año al test antidroga que realiza la Erzaintza y que detecta hasta cinco tipos de sustancias estupefacientes en la saliva dio positivo. El jefe de la Unidad de Tráfico de Álava, cuyo nombre se omite por motivos de seguridad, considera que esta es la tercera gran batalla que permitirá reducir las muertes en carretera, tras la del cinturón de seguridad y los test de alcoholemia.

Euskadi optó a finales de 2007 por tomar la delantera en materia de pruebas antidroga siguiendo la estela de Cataluña. Ya se han sumado Navarra y algunas policías locales, como las de Cáceres y Zaragoza, por ejemplo. Para ello, la Ertzaintza ha apurado al máximo las posibilidades que ofrece la normativa vigente, mientras que la Guardia Civil dio marcha atrás tras realizar una primera prueba piloto y espera a que entre en vigor la nueva reforma del Código Penal para sumarse al cerco a las drogas al volante.

Las pruebas serán obligatorias a partir del próximo mes de diciembre

Tráfico realizó el pasado año en Euskadi 2.769 pruebas antidroga a conductores, a las que hay que sumar 346 controles realizados por las distintas comisarias. Un total de 715 de las primeras y 83 de las segundas dieron positivo. Las cifras se hallan aún muy alejadas de las casi 77.500 pruebas de alcoholemia realizadas en el mismo periodo, de las que sólo el 5% dio positivo. Las pruebas para apreciar el consumo de estupefacientes son realizadas en horas y lugares propicios para cazar a los infractores, tras dar negativo por alcohol.

Los agentes se encuentran con varios problemas en esta materia, tanto técnicos como legales. Por ejemplo, en el caso de las drogas no existe un baremo y máximos de consumo fijados como en el de las bebidas. "Estamos como con el alcohol en los años cincuenta", explica el responsable de Tráfico alavés, quien resalta lo complejo que es constatar un rango de sintomatologías tan amplio como el número de drogas existentes. El test Cozart usado por la Ertzaintza detecta si el implicado ha consumido cannabis opiáceos, anfetaminas,metanfetaminas, cannabis y cocaína en las últimas horas y solo tiene un valor orientativo. Tampoco aclara la cantidad tomada ni cuándo lo fue.

La legislación al respecto es confusa. Hay que distinguir entre las sanciones penales -pueden incluir cárcel y retirada del carné de conducir- y las administrativas -multa de 500 euros y seis puntos menos del carné-. En el primer caso, al no existir una cantidad máxima como en el caso del alcohol, los agentes y el forense de Osakidetza deben acreditar que la conducción del individuo se veía afectada por la sustancia. "Si el juez se encuentra con un atestado que pone que el comportamiento del tipo es normal, no condena", explica el responsable de Tráfico. Considera que falta preparación en los agentes para comprobar los síntomas y plasmarlos adecuadamente en el atestado es un problema: "Hemos visto casos en los que, a pesar del test positivo y el informe forense, el juez absuelve. Si formamos más a los agentes para ser más precisos, habría más condenados".

Por la vía administrativa, si el conductor que ha dado positivo no muestra síntomas de estar afectado, la Ertzaintza se aferra al artículo 27 del Reglamento General de Circulación, que prohíbe conducir, vehículos o bicicletas, a quienes "hayan ingerido o incorporado a su organismo estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas".

El conductor puede negarse a pasar la prueba, pero el jefe de Tráfico alavés recalca que, a renglón seguido, es llevado a un hospital para una analítica completa. Añade que no le consta niguna multa anulada tras un recurso contencioso. La reforma del Código Penal que entrará en vigor en diciembre hará obligatorias las pruebas de saliva.

"Están apurando la legislación vigente. Nosotros preferimos esperar al 23 de diciembre. Desde entonces habrá novedades para tener un mayor respaldo jurídico", indican fuentes de la Fiscalía de Seguridad Vial, que prepara un programa piloto con la Guardia Civil de Tráfico para las carreteras españolas.

El instituto armado lanzó en 2007 un programa experimental muy garantista, que incluían la presencia de un facultativo con la patrulla. Su elevado coste, las reticencias de algunos médicos a trabajar en esas situaciones y la no obligatoriedad de la prueba hicieron que se aparcara.