Olor a basura
Por si no bastaran las connivencias del PP valenciano con la red mafiosa de Correa, el fondo de armario regalado al presidente de la Generalidad por Orange Market y los crecidos ingresos sin justificar ante Hacienda del presidente de la Diputación de Castellón, el caso Brugal (un acrónimo de "Basuras Rurales Gestión Alicante") ha destapado un escándalo de corrupción en la Comunidad Valenciana que implica al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. La complejidad de las operaciones afloradas y la lentitud de los procedimientos judiciales demorarán, sin embargo, la exigencia de responsabilidades penales de unos acusados amparados por la garantía constitucional de la presunción de inocencia.
El 'caso Brugal' muestra la gangrena de corrupción política que invade la Comunidad Valenciana
La investigación policial arrancó el año 2007 con la denuncia de un soborno pagado al Ayuntamiento de Orihuela, regido por el PP, para obtener la contrata de la recogida de basuras. Las cerezas de la cesta se fueron enredando hasta conducir a la concesión en enero de 2008 de la recogida y tratamiento de residuos en la comarca de la Vega Baja. Esa decisión fue tomada por la Junta de Gobierno del Plan Zonal de Residuos, presidida por Ripoll; detenido a comienzos del pasado julio durante pocas horas por la policía, que registró su despacho y su domicilio, el presidente de la Diputación de Alicante ha sido imputado por cohecho, fraude y tráfico de influencias.
Esa subterránea historia de corrupción, poder y dinero ofrece un nudo argumental y un elenco de personajes de corte clásico. Sin llegar a los escalofriantes extremos italianos relatados por Roberto Saviano en Gomorra, las basuras han sido también en España campo de actividad para la corrupción política. La transcripción de las conversaciones telefónicas mantenidas entre los personajes del caso Brugal trae a la memoria la chulería prepotente, la sensación de impunidad y los gustos horteras de los protagonistas del caso Gürtel. La aparición en escena del portavoz socialista en la Diputación de Alicante y concejal socialista de Elche, fulminado por la dirección del PSOE nada más conocerse la noticia, podría ser uno de esos entendimientos transversales a título individual o en representación de sus siglas entre militantes de diferentes partidos.
En ese abigarrado friso de políticos que pretenden enriquecerse personalmente o allegar fondos irregulares para sus organizaciones, de empresarios inescrupulosos que sobornan a cargos públicos para hacer negocios ilegales a costa de los contribuyentes y de intermediarios que luchan por recibir comisiones destaca con luz propia -"la ópera no termina hasta que no cante la gorda"- el promotor Enrique Ortiz, tan rumboso a la hora de apañar partidos de fútbol -es el principal accionista del Hércules de Alicante- para que su equipo ascienda a Primera, como de repartir fantásticas propinas entre sus adláteres, siempre guiado por la voluntad de incumplir las leyes.
