Los procesados del 'caso Malaya' niegan toda implicación ante el juicio

Faltan nueve días para que arranque el que quizá sea el juicio más multitudinario de la historia de España: el caso Malaya, sobre la corrupción en Marbella (Málaga). Los abogados de 93 de los 95 procesados han presentado ya ante la Audiencia Provincial de Málaga sus informes de conclusiones provisionales, en los que niegan con más o menos rotundidad las acusaciones formuladas el pasado junio por el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Solo faltan por llegar dos alegatos: el del supuesto cerebro de la trama corrupta, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y el de su hija, a quienes la sala ha concedido un plazo mayor después de que a finales de julio su abogado, Aníbal Álvarez, renunciara al caso, y tuviera que ser sustituido por otra letrada.

Algunos imputados tratan de 'inundar' la vista oral al pedir hasta 101 testigos

Montserrat Corulla niega que su firma en 13 documentos sea auténtica

Los dueños de la promotora Aifos reconocen que pagaron a Roca

Los ex ediles niegan que las iniciales de los sobres con dinero sean suyas

En sus escritos de defensa, algunos ciertamente escuetos como el del ex alcalde Julián Muñoz -apenas cuatro folios-, los acusados rechazan de plano las acusaciones. Sin embargo, la mayoría, incluso los que han presentado escritos más prolijos, esconden su estrategia ante la vista oral, que arrancará el 27 de septiembre a las diez de la mañana con el estudio de las cuestiones previas. Los procesados han solicitado la práctica de miles de pruebas, entre interrogatorios a coacusados, testigos y peritos, lecturas de sumario y aportaciones de documentos de todo tipo al juicio.

Algunos acusados, como el empresario Andrés Liétor, han tratado de inundar la vista oral con 101 testigos, entre ellos el fiscal López Caballero, el primer juez instructor del caso, Miguel Ángel Torres, o las dos secretarias del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella. Estas presencias han sido unas de las pocas denegadas por la sala, que sí ha admitido que declaren como testigos, entre otros muchos, la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz; la ex directora general de Urbanismo y actual secretaria de Estado de Infraestructuras, Josefina Cruz; el ex presidente de la Diputación malagueña Juan Fraile o los ex delegados de Obras Públicas y Medio Ambiente de la Junta en Málaga José María Ruiz Povedano e Ignacio Trillo.

Aunque los acusados han tratado de guardar sus cartas, sus escritos permiten vislumbrar algunas líneas de su defensa. Es el caso de Montserrat Corulla, empleada que se encargaba de gestionar parte del patrimonio inmobiliario de Roca, y para quien se piden cuatro años de prisión por blanqueo de capitales. Corulla ha adjuntado a su escrito un informe grafológico que trata de demostrar que la firma que aparece en al menos 13 documentos de la mercantil Condeor, y que se le atribuye a ella, "no es auténtica". Condeor, sociedad perteneciente a Roca y constituida en 1992 es la propietaria del Palacio de Saldaña, en Madrid, entre otros inmuebles. La defensa de Corulla señala que se incorporó a la sociedad en 2002 y que "en esas fechas los bienes y fondos que pudieran provenir de conductas ilícitas estarían ya incorporados al tráfico legal".

Otro imputado principal que también deja entrever sus cartas es Salvador Gardoqui, economista que supuestamente llevaba la contabilidad de Roca y a quien se le incautó un lápiz de memoria con anotaciones clave para que avanzara la investigación policial en 2006. Gardoqui, que se enfrenta a otros cuatro años de prisión, también por blanqueo, afirma que los archivos incautados fueron en realidad a su antecesor en la oficina de Maras Asesores, desde donde Roca supuestamente controlaba cada ladrillo que se colocaba en Marbella.

En su escrito, la defensa de Gardoqui trata de granjearse la simpatía de la sala calificando a su cliente de "mileurista" que "ha estado trabajando tanto en Madrid como en África con la madre Teresa de Calcuta cuidando enfermos durante años".

En el lado de los concejales marbellíes que supuestamente cobraron fondos que numerosos empresarios pasaban a Roca a cambio de votar a favor de determinadas actuaciones urbanísticas también hay sorpresas. Rafael Calleja sostiene que la moción de censura que en agosto de 2003 derrocó a Julián Muñoz cuando este decidió deshacerse de Roca se presento "por razones exclusivamente políticas". Además, niega uno de los pocos aspectos que parecen claros de la realidad municipal marbellí durante los años posteriores a la muerte de Jesús Gil: "No es cierto que Roca controlara de facto el Ayuntamiento de Marbella".

Los ex concejales se están concentrando en negar que las iniciales que figuraban en los sobres con dinero que guardaba Roca en su despacho y que coincidían con las de todos los ediles del equipo de gobierno tengan algo que ver con ellos. La demostración de esta tesis del fiscal dependerá en buena parte del testimonio de Juan Antonio Roca.

En el ámbito de los empresarios, algunos sí reconocen que han entregado dinero a Roca. Es el caso del dueño de la promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, que reconoce haber entregado una cantidad "muy inferior" a la relatada por el fiscal (4,8 millones de euros) "en la confianza de que las sumas entregadas iban destinadas a dotar de tesorería al Ayuntamiento de Marbella" y ante el temor de que si no pagaban, Aifos se viera perjudicada por "actuaciones arbitrarias".