La 'kale borroka' rebrota con el ataque a un centro municipal de empresas

Casi dos semanas después del último episodio registrado, la violencia callejera rebrotó ayer con un nuevo sabotaje en Álava. En torno a la 1.20 de la madrugada, un artefacto de fabricación casera explotó frente al Centro Municipal de Empresas de Vitoria, ubicado en el polígono industrial de Júndiz. Un fallo en el mecanismo evitó que los daños materiales fuesen de consideración, aunque la fachada del centro quedó ennegrecida y los cristales, rotos.

El artefacto estaba compuesto por un iniciador pirotécnico, varios aerosoles con líquido inflamable y una bombona de cámping gas, incluida para reforzar los efectos destructivos, que no llegó a detonar. Dada la premeditación y las características del dispositivo, similar al empleado en sabotajes anteriores, Interior no dudó en atribuir la acción a la kale borroka. El propio consejero, Rodolfo Ares, resaltó que el ataque ha sido "el más importante de los llevados a cabo por los aprendices de terroristas en muchos meses".

Hacía tiempo que la violencia callejera no tomaba un polígono industrial como blanco, aunque Interior rehusó confirmar si la acción se asocia al chantaje etarra a los empresarios. El de ayer fue el primer sabotaje que se produce tras la tregua decretada por la banda terrorista el pasado día 5. Entre el 7 de agosto y el 3 de septiembre pasados se registraron un total de 16 ataques en Euskadi, aunque la mayoría se enmarcaron en algaradas que acabaron con la quema de contenedores.

"Papel mojado"

Ares citó lo ocurrido en el polígono vitoriano para insistir en su exigencia a la izquierda abertzale ilegalizada de que condene la violencia callejera. "Hay momentos clave en los que las palabras se tienen que ratificar con decisiones para evitar que se queden en papel mojado", incidió, en referencia a la teórica apuesta de Batasuna por las vías pacíficas en exclusiva.

[El fiscal de Roma recurrió ayer ante el Tribunal Supremo italiano la sentencia del 8 de septiembre por la que tres miembros de Segi juzgados en ese país serán extraditados a España. Las razones alegadas son "motivos técnicos, formales y de deficiente motivación" del fallo. El alto tribunal tiene 15 días de plazo para decidir si estima el recurso].