Guipúzcoa reduce su previsión de ingresos para este año un 0,5% por la falta del impuesto de patrimonio
El diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Pello González, indicó ayer que las previsiones de recaudación para este año serán, finalmente, un 0,5% inferiores a lo esperado debido a que el Impuesto de Patrimonio ha quedado sin efecto este ejercicio.
González, quien compareció en las Juntas Generales de Guipúzcoa a petición del PSE/EE, explicó que los presupuestos de 2010 supusieron un incremento del 5,89% sobre la liquidación del año anterior, pero que la estimación actual se sitúa en torno al 5,4%.
Esta reducción repercutirá en una disminución "no muy importante dentro del volumen global", traduciéndose en 20 millones de euros menos de recursos disponibles para la Diputación y 9 millones menos para los Ayuntamientos. No obstante, el diputado de Hacienda lamentó que esta situación obligará a Guipúzcoa a percibir "también este año en el fondo de solidaridad" en los territorios vascos, al igual que Álava.
Da casi por cerrado las devoluciones derivadas de las 'vacaciones fiscales'
Del mismo modo, González restó importancia a que la recaudación del primer semestre de este año indica un incremento del 10,5% con respecto a 2009 porque incluyen la recaudación "excepcional" del caso Rover. El diputado recordó que hasta el pasado mes de julio las devoluciones por IVA fueron un 12% menores que en 2009, lo que supone que "hay menos compras que el año pasado, menos actividad económica en Guipúzcoa".
Por otra parte, en comparecencia a petición de Alternatiba, el responsable foral de Hacienda dio "aparentemente" por cerradas las denominadas vacaciones fiscales, que consisten en la exención temporal para empresas de nueva creación del Impuesto de Sociedades en virtud de unas determinadas inversiones y por las que la Unión Europea abrió un expediente a la Diputación de Guipúzcoa al considerarlas "ayudas de Estado".
González instó a la Comisión Europea a que acepte las últimas gestiones realizadas por su departamento y a que considere el caso oficialmente cerrado. De no hacerlo, el diputado amenazó con presentar una "propuesta de sanción" al Tribunal de Luxemburgo.
Asimismo, en caso de que la Comisión Europea entienda que más de una hacienda vasca no ha cumplido los requisitos exigidos, González aseguró que defenderán ante el Tribunal la "bondad" de las liquidaciones de las empresas beneficiadas.
Las claves
La empresa da trabajo a 250 personas. El 70% de la plantilla está compuesta por mujeres.
En 2008, la Panrico compra la fábrica y empieza la negociación del convenio colectivo. La dirección condiciona las nuevas inversiones en la planta a que los sindicatos rebajen sus exigencias.
El comité de empresa (con mayoría de UGT y ESK) pide a la empresa datos financieros para hacerse una idea del futuro. La dirección acepta, allanando el camino para las concesiones mutuas.
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