Especie urbana en peligro de extinción

Si no fuera porque el Estado obliga por ley a Telefónica a colocarlas y mantenerlas, no habría posiblemente más que unas decenas. Y es que la cabina es una ruina. La prueba de esta decadencia es que en los últimos cuatro años han desaparecido de las ciudades de la Comunidad de Madrid el 30% de los teléfonos públicos, pasando de 6.016 a finales de 2005 a 4.154 a finales de 2009. El fenómeno es general. Si a finales de los noventa había 100.000 cabinas en todo el territorio nacional, hoy apenas sobreviven 40.000.

Según los estudios de Telefónica, el usuario tipo es una persona en tránsito: turistas, estudiantes e inmigrantes, con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, españoles en su mayoría, seguidos por los sudamericanos. Más de un tercio de sus usuarios afirman preferirlas a los móviles por el precio de las llamadas, porque no necesitan batería y siempre tienen cobertura.Pese a ese público fiel, su uso está en franca decadencia. El número de llamadas disminuye a un ritmo de un 20% cada año. Actualmente, se cursan menos del 70% de las llamadas y minutos que se realizaban en 2002. Ni el aumento espectacular del número de inmigrantes en los últimos años ni las nuevas funcionalidades de las cabinas, como enviar SMS o la recarga de teléfonos móviles -el 25% de los teléfonos de Madrid son de nueva generación- han detenido el declive.

Las empresas dicen que el servicio es una ruina y no quieren explotarlo

Telefónica asegura que gasta un millón de euros al año solo en reparaciones

Su gran enemigo es el móvil. Más de 5,1 millones de abonados empadronados en la Comunidad tienen contratada una línea móvil, lo que supone un 80% de la población. Si se le suma los abonados de prepago, la penetración es superior al 100%, es decir, que hay más de un móvil por habitante. Por el contrario, el número de teléfonos públicos, incluyendo también los que están en dominio privado (hoteles, estaciones, bares, hospitales, centros educativos, etcétera), ascendía a finales de 2009 a 6.039, es decir, 0,9 teléfonos por cada 1.000 habitantes, lo que lo sitúa por debajo de la media nacional (1,3 teléfonos / 1.000 habitantes), según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).

El otro competidor natural es el locutorio. Su número no ha hecho más que crecer, y la instalación en algunos de ellos de puestos de Internet preparados para hablar por Skype y otros programas de conversación por la Red hacen inviable la competencia de la cabina.

Consecuentemente con la caída de la popularidad de las cabinas, su rentabilidad ha ido en picado. Más de un tercio son deficitarias, es decir, sus ingresos no cubren los gastos de mantenimiento. El vandalismo y los robos agravan la situación. Telefónica estima que los hurtos y la reparación de las cabinas le cuesta al año alrededor del 10% de la recaudación que obtiene. Solo por el destrozo de las cabinas se gasta un millón de euros, aunque la operadora no facilita datos de facturación por comunidades autónomas.

Las cabinas son una ruina y ninguna empresa está interesada en explotarlas. La antigua Retevisión instaló algunas en sitios como el Parque Warner, pero retiró la mayoría. Tan solo se han recibido peticiones de empresas distintas de Telefónica en las arterias turísticas de la ciudad como el eje paseo del Prado-Recoletos-Castellana o la Gran Vía.

Telefónica tampoco tiene ningún interés en este negocio, pero el Ministerio de Industria le obliga a prestarlo en virtud del llamado servicio universal de telecomunicaciones, que garantiza por ley a los ciudadanos unos servicios mínimos de telecomunicaciones.

La operadora ha pedido que, al menos, se le exima de la obligación de que las cabinas funcionen con monedas en lugar de con tarjetas de prepago o con tarjetas de crédito como en la mayoría de los países del entorno como Francia o Bélgica, para disuadir de destrozos y de robos, y por el alto coste de la recogida de monedas. Además, desde hace unos años, las cabinas tienen que estar preparadas para dar cambio para evitar que la cabina se trague las monedas independientemente del coste de la llamada. Por cada cabina inspeccionada que incumpla la norma, la empresa puede ser sometida a multas de 3.000 euros.