Cada uno juega su papel

La detención de la cúpula de Ekin, el comisariado político de ETA en la izquierda abertzale, ha confirmado lo que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió el 6 de septiembre, al día siguiente de que la banda terrorista hiciera público el comunicado en el que anunciaba su parón técnico: que las Fuerzas de Seguridad del Estado no estaban en tregua. Rubalcaba sabía que esa afirmación se iba a corroborar pronto con una operación policial que ya estaba en marcha y que culminó ayer. Y tanto Rubalcaba como el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, lo volvieron a subrayar ayer: "No ha cambiado nada".

El Gobierno, con el apoyo de la mayoría de los partidos democráticos, está jugando su papel ante un parón de ETA que no le ofrece garantías y ha decidido mantener la política antiterrorista. Esto es, mantener la presión sobre ETA y enviar a la izquierda abertzale el mensaje de que si quiere regresar a la legalidad tiene solo dos opciones: o convencer a la banda de que deje las armas o condenarla. Lo hace con las palabras y con los hechos. Pero en la medida en que el Ministerio del Interior ataca a los sectores activos de ETA provoca un efecto inducido favorable para la mayoría de la izquierda abertzale: despejar de obstáculos el camino para avanzar por la vía de los medios pacíficos por los que apostó masivamente en las asambleas celebradas de noviembre de 2009 a febrero de 2010.

Poca gente sabe que en dichas asambleas fueron miembros de Ekin -cuya cúpula fue detenida ayer- quienes se opusieron a las tesis del cambio de estrategia, del abandono de la violencia, recogido en el documento de Alsasua, de noviembre de 2009, impulsado por Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Rafael Díez Usabiaga. E incluso, algunos de ellos fueron expulsados de las asambleas, por decisión mayoritaria, por su actitud, algo inédito en la historia de la izquierda abertzale, donde la voz de quienes se consideraban comisarios políticos de ETA era incuestionable en el pasado.

Lo mismo puede decirse de la detención en mayo de Mikel Carrera Ata, el último jefe militar de ETA que permanecía en libertad de los que decidieron la ruptura de la tregua de 2006. Posteriormente, Carrera protagonizó varios choques, que perdió, con la cúpula de la izquierda abertzale a cuenta de la forma de encarar las elecciones vascas y las europeas de 2009. También trató de mediatizar sin éxito el proceso de debate en la izquierda abertzale entre noviembre de 2009 y febrero de 2010. Cuando la policía francesa le detuvo en mayo, preparaba un plan de refuerzo y legitimación de la banda terrorista.

La detención del grupo de abogados que hacía de enlace entre la cúpula de ETA y los presos, en abril, fue otro golpe policial en la misma dirección. Liberó a numerosos presos de ETA de la presión de la cúpula de la banda. Esta operación facilitó que hoy, la mayoría de los presos de ETA, sin llegar a la disidencia, estén alineados con las posiciones de Otegi, partidario de arrastrar a la banda a su final.

Curiosamente, Javier López Peña, Thierry, uno de los principales responsables de la ruptura de la tregua de ETA en 2006, encarcelado en Francia, ha reconocido, en privado, que fue un error el atentado de la T-4 y que aquella oportunidad perdida no volverá a repetirse.