Se busca solvencia

Las lecciones que ha dejado la crisis financiera en el sistema bancario de Estados Unidos se empiezan a traducir en propuestas de cambios regulatorios concretos. Si la semana pasada en el seno de la UE se acordó una arquitectura de supervisión de instituciones y mercados financieros mucho más consecuente con el carácter transfronterizo de las transacciones y con la necesidad de gestionar de forma coordinada las consecuencias de la crisis, ahora se han avanzado líneas para el fortalecimiento de la solvencia de los operadores bancarios en todo el mundo.

Esa es la señal que ha emergido del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB), cuyas conclusiones se someterán el próximo noviembre a la cumbre del G-20 en Seúl. De prosperar la propuesta, se habrá dado un paso significativo no tanto en la prevención de futuras crisis financieras, como en la reducción de sus costes para el contribuyente y su impacto sobre las economías.

El proceso conocido como Basilea III establece los requerimientos de capital que han de satisfacer las entidades bancarias al término del periodo de transición establecido. El ratio de capital de un banco se define como el cociente entre el valor de los recursos propios y el de los activos ponderados por riesgo. Basilea III refuerza las dos versiones anteriores de ese acuerdo. No cambia el tradicional coeficiente de solvencia, que sigue en el 8%, pero sí su composición, para aumentar de forma significativa la calidad de los recursos propios, primando la importancia de las partidas constituyentes del denominado capital Tier 1, integrada por capital, reservas y acciones preferentes.

Aun cuando esas exigencias de solvencia sean más severas, son consecuentes con la experiencia que esta crisis ha aportado. Hasta hoy no son precisamente los banqueros quienes están pagando las más importantes facturas de esta crisis. La gestión irresponsable y técnicamente cuestionable de los riesgos, y en algunos casos una deficiente supervisión de las autoridades financieras, no solo ha ocasionado que los contribuyentes adelanten los costes de la gestión de la crisis, sino que el paro siga en máximos históricos en muchas economías avanzadas, España entre ellas.

La consecuencia de todo ello es una mejor y más estricta regulación. Los plazos de adaptación, por otro lado, conceden un balón de oxígeno a la mayoría de las entidades que hoy tienen problemas. Entre ellas no se encuentran la mayoría de las españolas, gracias a una tradicional atención que el Banco de España ha prestado precisamente a la capitalización de las entidades de crédito españolas. De la versión definitiva de estos acuerdos dependerá el impacto sobre la financiación crediticia a las empresas, las cuales seguirán seguramente pagando en sus cuentas de resultados los errores de los bancos en la generación de esta crisis. Pero es cierto que las condiciones para generar beneficios son ahora algo menos favorables para los bancos.