La Junta prepara un decreto para señalar los lugares de memoria

En los tres últimos años, cada verano, unos cuantos familiares de los cerca de 4.000 fusilados durante la Guerra Civil y el franquismo en una tapia del cementerio de San José de Granada colocan una placa. En el muro aún se advierten las huellas de las balas que terminaron con sus vidas. Pero unos días después, también los tres últimos veranos, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, retira la placa.

La Consejería de Gobernación ha redactado ya el borrador de un decreto, pendiente de que el Consejo de Gobierno le dé el visto bueno, para señalar los lugares de memoria histórica en Andalucía y evitar que se produzcan casos así. La orden regulará la confección de un catálogo con la relación pormenorizada de vestigios, sitios y edificios vinculados a hechos relevantes de entonces. Los lugares inscritos en el catálogo -a propuesta del Comité Técnico de Coordinación para la Memoria Histórica (creado en 2003)- podrán rotularse para facilitar una información común, previo acuerdo con los propietarios, ya sean particulares o ayuntamientos.

Los vestigios, sitios y edificios inscritos en el catálogo podrán ser rotulados

Aunque la medida es un gran paso -es una manera de estudiar, inventariar y censar información histórica-, la protección no está garantizada. El borrador del decreto habla de "conveniar" con los titulares de los terrenos donde se encuentren algunos de los tipos de lugares marcados, pero no va más allá jurídicamente. Es decir, no tiene el mismo valor que la declaración de un Bien de Interés Cultural (BIC), que resulta inalterable.

En el caso de la tapia de ejecución del cementerio de Granada, por ejemplo, solo podría frenar al Ayuntamiento el saber que actúa contra un elemento catalogado oficialmente como de excelencia histórica y humana por otra administración. Porque, de hecho, parte de este mismo muro que sirvió de oscuro paredón en los años del miedo fue tapado por una construcción de ladrillo visto en 1995, bajo mandato del alcalde popular Gabriel Díaz Berbel, quien declaró: "Yo no le doy mayor importancia a la obra. Lo que allí ocurrió no debió ocurrir, por lo que no tiene valor conservarlo". En el cementerio de San José está en pie, sin embargo, un monolito con los nombres de los caídos por Dios y por España.

El catálogo tendrá un carácter ininterrumpido para que esté permanente actualizado y sirva de instrumento de gestión. Al Comité Técnico -que es el que hará las propuestas en las que podrán participar particulares y ayuntamientos- le asesorará otro grupo integrado por historiadores y asociaciones de memoria, y será la Comisión Interdepartamental la que decida.

El Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica, que depende de Gobernación, deberá encargarse del trabajo de campo: ficha individual de cada vestigio, edificio o lugar, identificados numéricamente con su localización y estudio documental de los hechos y las circunstancias por lo que se distingue. El catálogo se informatizará y colgará en Internet para investigaciones científicas y "el fomento de una cultura de paz, diálogo, reflexión y pluralismo".

Los sitios se indicarán mediante rótulos e insignias con directrices y criterios uniformes, que se fijarán mediante una orden posterior de la Viceconsejería de Gobernación. También se preservará la accesibilidad y la reparación de cada elemento.

La Junta no es pionera en señalar los lugares de la memoria. Cataluña ya lo ha hecho y ha editado libros con itinerarios para que se pueda seguir una ruta. En Andalucía ni siquiera hay un borrador, si bien el Comisariado para la Memoria cita ya el antiguo cuartel de la Gavidia en Sevilla, desde donde el general Gonzalo Queipo de Llano dirigió la sublevación, la cárcel de Ranilla, también en Sevilla, o la tapia-paredón del cementerio de Granada, donde, si el Ayuntamiento por fin se conmueve, los que allí murieron podrán tener una placa.