El presidente del Superior vasco dice que ETA no desiste de su voluntad criminal

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, opinó ayer que el último comunicado de ETA no propicia "ningún cambio de la realidad social" porque la banda terrorista no ha hecho "ningún tipo de declaración de desestimiento de su voluntad criminal". Por esa razón, añadió, la contribución de deben hacer los jueces a la consecución de la paz es precisamente "continuar aplicando el Derecho en cada caso concreto".

El magistrado consideró en una entrevista en Radio Euskadi que, en el caso de ETA, la realidad social hay que tenerla en cuenta de acuerdo con lo que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en junio de 2009. En este sentido, aseguró que Estrasburgo "apreció que la actividad de ETA ha creado una realidad social imperiosa que habilita que, para la defensa de la democracia, las instituciones españolas tengan que adoptar medidas que sean adecuadas y proporcionadas para proteger los derechos y las libertades de los miembros de las otras formaciones políticas distintas de las que entonces fueron ilegalizadas y también para proteger la seguridad de los ciudadanos".

Ley de Partidos

Ibarra manifestó que los jueces tienen herramientas para hacer un buen Derecho "sin necesidad de que se modifique" la Ley de Partidos. La aplicación de esta normativa, recordó el magistrado, ha supuesto la disolución de cinco formaciones políticas de manera sucesiva, entre las que figuran, como "más relevantes", Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. Ahora se trata, a juicio del presidente del TSJPV, de que "lo que decidió esa sentencia no sea burlado mediante la reconstitución o la recuperación de las actividades de esos partidos políticos a través de sus miembros, aun cuando actúen bajo nombres organizativos distintos".

"Con el discurso y el razonamiento jurídico" de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo "todos nos podemos entender porque, de lo que se trata, sin más, es de saber si está o no en riesgo la democracia con algún proyecto político", declaró.

Tras precisar que esta pretensión no se puede "presuponer" en el caso de la izquierda abertzale, afirmó que el Tribunal de Derechos Humanos "sí habilita a los estados" para impedir que "lleve a cabo su acción" cualquier proyecto que "no se adecua a las condiciones democráticas o que pretende ser liberticida".