La Audiencia Nacional prohíbe la marcha 'abertzale' de Bilbao

La Audiencia Nacional prohibió ayer la manifestación que en defensa de los derechos civiles y democráticos había convocado para mañana en Bilbao la plataforma abertzale Adierazi EH. El juez Ismael Moreno ratificó las previsiones que apuntaban a la suspensión, tras la petición previa de la fiscalía, al entender que existen "fundados indicios" de que el acto podría "apoyar la estrategia y justificar las acciones de ETA". Los organizadores no cejaron en su empeño y ratificaron que habría marcha. Horas más tarde, el ex consejero de EA Sabin Intxaurraga registró una nueva convocatoria con distinto lema y recorrido.

Moreno recurrió en su auto a los argumentos esgrimidos por el fiscal, para el que Adierazi EH "no es más que una sucesión" de la ilegalizada Batasuna. De acuerdo con los informes solicitados a la Ertzaintza y otros cuerpos policiales, la plataforma convocante está formada por procesados y acusados de colaboración o integración en banda terrorista. Además, cuenta con el apoyo de "históricos dirigentes del frente político-institucional" de ETA, como Tasio Erkizia, así como de cargos municipales de la ilegalizada ANV.

Respeto a los jueces

El magistrado ordenó a la consejería vasca de Interior, a la Dirección General de Policía y a la Guardia Civil que adopten las medidas oportunas para impedir la marcha y procedan a la instrucción de las diligencias necesarias en relación con quienes quisieran participar en ella. El Gobierno autónomo se limitó a "respetar las decisiones judiciales" y a velar por el cumplimiento de la suspensión. Más efusivo fue el PP, al coincidir en la opinión de que la plataforma organizadora "es una tapadera más de Batasuna" y considerar que el acto podría conllevar un enaltecimiento del terrorismo.

La complacencia popular contrastó con la decepción de los convocantes, para quienes la decisión de la Audiencia Nacional supone una prohibición de "la defensa de los derechos civiles y políticos, e incluso del derecho a la vida". Según recordaron, la marcha se había organizado para reivindicar la superación de "toda situación de excepción o violencia", así como el retorno de los presos a las cárceles vascas, la libertad de expresión o la legalización de partidos.

Unos principios que coinciden casi de forma literal con los "mínimos democráticos" establecidos por la izquierda abertzale para impulsar un proceso de paz en Euskadi. La marcha original contaba con el apoyo de otros partidos como Aralar, EA y Alternatiba.