El Supremo ordena investigar las cuentas y el patrimonio de Garzón

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ordenó ayer a la Guardia Civil que investigue las cuentas corrientes, los depósitos bancarios, las declaraciones tributarias y las participaciones que pudiera tener en sociedades civiles o mercantiles el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. La decisión ha sido adoptada en el sumario que Marchena instruye por presuntos delitos de prevaricación y cohecho contra Garzón por los supuestos patrocinios de dos cursos dirigidos por este magistrado durante su etapa en la Universidad de Nueva York. Es el segundo revés que Garzón sufre esta semana, después de que el alto tribunal denegara los testigos y las pruebas propuestas para su defensa en el caso de la memoria histórica, es decir la causa que quiso abrir para perseguir los crímenes del franquismo.

El juez asegura que la decisión no tiene base legal y él nada que ocultar

El auto encarga a la Guardia Civil un informe sobre todos sus ingresos

Al conocer la noticia, Garzón manifestó que va a solicitar de inmediato declarar ante el Supremo, que no ha ocultado nada ni ha tenido intención de hacerlo y que no ha recibido cantidad alguna distinta a su sueldo. También añadió que la decisión del juez Marchena no tiene base legal y que es desproporcionada, pero que no le importa que se le investigue porque no tiene nada que ocultar, informa Lidia Jiménez.

En el auto de Marchena se especifica que agentes especializados de la Guardia Civil, con los datos bancarios del juez a la vista, deberán elaborar un informe acerca del "origen, persona, organismo o entidad pagadora de todos los ingresos percibidos por Garzón durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de marzo de 2005 y el 30 de julio de 2006, que no se correspondan con las cantidades abonadas en concepto de nómina".

Marchena especifica que además del informe, la Guardia Civil deberá hacer "un anexo sistematizado y sin exclusión alguna de todos y cada uno de los documentos examinados". Ese anexo quedará custodiado en sobre cerrado sin permitir fotocopias.

La investigación de las cuentas y patrimonio de Garzón ha sido adoptada por Marchena a petición de la acusación popular, que consideró que la vicedirectora del Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York había negado una serie de documentos y obstaculizado la investigación del Supremo.

El instructor considera que ha habido contradicciones e imprecisiones en la declaración de Garzón, omisiones en algunos documentos aportados a la causa y cantidades que inicialmente no se mencionaron en las certificaciones oficiales expedidas por la Universidad de Nueva York. Por ello, Marchena señala que hay que esclarecer si esas partidas son tan solo "fruto del desgobierno contable de la Universidad de Nueva York [a la que se refiere en términos durísimos] o, por el contrario, han formado parte de una estrategia encaminada a camuflar parte de las ganancias obtenidas por Garzón".

Sin embargo, todas las entidades que patrocinaron parte de los cursos y cuyos directivos han comparecido en el Supremo -BBVA, Santander, Endesa, Telefónica y Cepsa- han reconocido los patrocinios y han negado tajantemente que hubieran pagado parte del salario de Garzón. En todo caso, fuentes de la fiscalía recuerdan que el caso se inició por posible prevaricación y cohecho, debido a que Garzón había rechazado una querella contra Emilio Botín y otros directivos del Santander. Su decisión fue confirmada por la Sala Penal de la Audiencia Nacional.