El Consell quiere multiplicar por tres el uso del transporte público

El patrón de movilidad en Valencia y su área metropolitana, con predominio en el uso del coche privado frente al transporte público, es insostenible. Y el boom urbanístico de los últimos años no ha hecho más que empeorar la situación. Desde hace más de dos años la Consejería de Infraestructuras trabaja en un anteproyecto de Ley de Movilidad que pretende que en 2020 un 40% de los desplazamientos de los valencianos se hagan en transporte público. Ahora este porcentaje ronda el 13% del total, lo que significa multiplicar por tres el uso de los medios públicos en una década.

Poco se ha hecho hasta la fecha en mejoras de movilidad. Sólo un puñado de ayuntamientos tienen planes de movilidad en vigor, el tráfico rodado sigue colapsando el centro de las ciudades y más del 50% de los desplazamientos se hacen en vehículo privado, dijo el director general de Transportes de la Generalitat, Vicente Dómine, que junto al consejero Mario Flores, anunció la aprobación a principios del año próximo de esta ley.

El consejero advierte de que la ley "no va contra el vehículo privado"

El consejero insistió en que el proyecto "no va contra el vehículo privado" y pretende hacer hueco al transporte público. El texto incluye la Ley del Taxi -por ejemplo, los coches deberán renovarse a los ocho años- y obligará a los municipios de más de 20.000 habitantes a aprobar planes de movilidad en un plazo de cuatro años. Las multas por incumplimientos graves llegarán hasta los 6.000 euros.

Además de la Ley del Taxi, el texto regulará el transporte ferroviario. Otra regulación muy esperada por el sector, porque da garantías a los operadores privados que exploten por concesión las líneas del metro y tranvía. La Generalitat ha sacado sus nuevas líneas a explotación, pero tiene problemas para encontrar empresas a las que implicar. "Será un texto claro y sintético que entenderán hasta los bancos", apuntó Dómine en alusión a las garantías que esta ley otorgará a los concesionarios.

Flores recibió a mitad de la presentación una llamada de la Consejería de Hacienda con el plácet a la memoria económica del borrador de la ley de seguridad en el transporte, prometida por la Generalitat tras el trágico accidente de metro ocurrido en Valencia en 2006, donde 43 personas perdieron la vida. El borrador llevaba cuatro años atascado entre las consejerías de Economía y de Infraestructuras. La asociación de víctimas reclama desde entonces, además de justicia, esta ley de seguridad y un sistema de frenado automático más seguro para todas las líneas en servicio. Este dispositivo no funcionará hasta 2011.

La solicitud el pasado miércoles del consejero Flores al Gobierno para que este pague la construcción del acceso al puerto de Castellón, llevó ayer al portavoz socialista en el Consistorio, Mario Edo, a replicarle. "Es inaceptable que pida al Ministerio de Fomento que ejecute el proyecto cuando la Generalitat es la primera que incumple sus propios compromisos".