Aralar demanda por injurias a una edil del PNV donostiarra

La polémica por las irregularidades en las contratas de limpieza del Ayuntamiento de San Sebastián tomó ayer un derrotero que trasciende la pugna política. Aralar y su representante en el Consistorio, Ainhoa Beola, han interpuesto una demanda judicial por injurias y calumnias contra la edil del PNV y presidenta de la comisión municipal que investiga el caso, Aitziber San Román. Beola apela a la justicia tras ser acusada de conocer las anomalías en las contratas y de encubrirlas "deliberadamente", según manifestó San Román en dicha comisión el pasado 29 de julio.

Hace algo más de dos meses se descubrió que el Consistorio donostiarra venía pagando sin contrato a las empresas FCC y Galant por la limpieza de edificios públicos durante los últimos nueve años. El equipo de gobierno reconoció la inexistencia de los contratos y alegó en su defensa la "enorme dificultad" administrativa que entraña renovar legalmente los servicios.

La concejal de Aralar indicó a través de un comunicado de su partido que, tras las declaraciones de San Román, pidió a la edil peneuvista que "se retractase" en la misma comisión y que, en caso de no hacerlo, "estudiaría la defensa de sus derechos". Un mes después, Beola y Aralar llevan el asunto a los tribunales porque "no todo vale en política". Para Beola, "este tipo de cosas no ayudan en nada a la imagen que la ciudadanía tiene de la clase política y todos debemos tenerlo claro antes de realizar manifestaciones de este tipo".

Igualmente, Beola y su grupo político solicitan en la demanda que San Román rectifique "expresamente" sus manifestaciones y "se comprometa a que dicha retractación sea expresada con la misma publicidad con lo que lo fueron hechas en su día".

Censura

La respuesta del PNV no se hizo esperar. En un comunicado, asegura que "la querella interpuesta por Beola pretende limitar la labor de crítica política que corresponde a la oposición", por lo que, en opinión de este grupo político, se trata de "una actividad de censura y limitación a la libertad de expresión en el ámbito de la crítica política".

En este sentido, las juntas municipales del PNV consideran que Aralar y Beola están tratando de poner fin a la investigación de las irregularidades, porque "el equipo de gobierno (PSE-Aralar-Alternatiba) pretende que se oculten sin asumir responsabilidades" políticas en el caso. Asimismo, la formación peneuvista calificó de "antidemocrática" la decisión tomada por Aralar y Beola y criticó el "intento de limitar el derecho a la participación en la vida política de los representantes de los ciudadanos".