Canal 9 estudia acciones legales contra Mediapro por negarle imágenes de fútbol
La accionista de La Sexta quiere negociar al alza la renovación
Canal 9 no está dispuesta a ceder a las presiones de Mediapro. Al menos eso es lo que ayer trasladó su director general, José López Jaraba, a través de una nota y de explicaciones adicionales ofrecidas por su director de comunicación. Canal 9 reconoció ayer que debe diez millones de euros a Mediapro. Esa cantidad es parte de lo que tiene que pagar por los derechos de retransmisión, que incluyen un partido en abierto a la semana, el resumen de los partidos y un partido de segunda división. Es decir, Canal 9 comparte con La Sexta la emisión en abierto de un partido de liga, como el resto de autonómicas, además de retransmisiones de partidos de los equipos valencianos. El pasado fin de semana los equipos de profesionales enviados por Canal 9 para cubrir los partidos de los equipos valencianos no pudieron entrar a ningún estadio por orden expresa de Mediapro, ni siquiera a las habituales ruedas de prensa.
Canal 9 admitió ayer una deuda con Mediapro, que está en fase de concurso de acreedores. Pero precisó que la empresa de Jaume Roures Llop debe a Canal 9 asimismo 25 millones de euros, parte del montante por el que la televisión autonómica valenciana vendió en 2006 los derechos de los equipos valencianos que ella había comprado a los clubes.
Según Canal 9, la decisión de impedir a sus profesionales entrar en los campos no fue tomada por los administradores concursales que se han hecho cargo, como establece la ley, de la gestión de las decisiones que la mercantil afectada por el concurso tiene que tomar. Otras fuentes indican que Mediapro sencillamente cumplió, en efecto, con una básica máxima de las empresas en concurso: ejecutar las cláusulas de los contratos en los que haya una deuda pendiente.
Canal 9, al cierre de esta edición, estaba pendiente de poder retransmitir el partido entre el Atlético de Madrid y el Spórting de Gijón. De no ser así, Canal 9 estudiará si acude a los tribunales.La estrategia de Mediapro, al menos según Canal 9, es renegociar al alza los derechos de retransmisión que tiene que pagar la televisión autonómica valenciana. Es decir, si Mediapro debe 25 millones a Canal 9 pero es capaz de comprometer a la televisión valenciana para la próxima temporada, la 2011-2012, por un precio mayor del que ahora paga, empezará a saldar la deuda. Y Canal 9, al menos de momento, dice que no. La televisión que dirige José López Jaraba reconoce que debe diez millones de euros, que son por los derechos de retransmisión, pero no renuncia ni está dispuesta a "apañar" la deuda que Mediapro tiene con ella. Además, desde Canal 9 se definen como "leoninas" las condiciones de Mediapro. Por tanto, la respuesta es no.
El negocio de Canal 9 en materia de derechos del fútbol, en cualquier caso, es dudoso. La oposición en el consejo de administración, como explicó ayer Miguel Mazón, miembro del órgano colegiado a propuesta del PSPV, lo califica de "ruinoso". Canal 9, que compró los derechos de televisión de los equipos valencianos por una cantidad superior a los 80 millones de euros, los vendió a Mediapro por la mitad, perdiendo dinero y la exclusividad, con unos penosos resultados de audiencia, dado que el partido en abierto se comparte con La Sexta, que emite en castellano y logra mejores resultados.
El gasto que han supuesto los derechos del fútbol ha sido objeto de polémica tanto en el consejo de administración como en las Cortes, y especialmente señalado como de gestión dudosa por la Sindicatura de Cuentas y las sucesivas auditorias.
Ayer, Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes, denunció que "la prohibición de poder dar los partidos es el resultado de la política del despilfarro y del abuso del dinero público que ha practicado el Gobierno de Francisco Camps durante años". Según Luna, "el Consell ha gastado el dinero en grandes fastos y en regalárselo a amigos a través de contratos irregulares en los que Camps permitía que las empresas de la trama Gürtel se llevaran de RTVV millones de euros a través de contratos amañados que se produjeron con motivo de la visita del Papa".
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