Empleo convoca a los sindicatos y a la patronal por la reforma del SAE

Todas las partes están de acuerdo: hay que reformar el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una estructura administrativa que cuesta 1.260 millones de euros al año y que media solo en un 15% de las contrataciones, según los datos del pasado mes de octubre. El desacuerdo general se produce tras el anuncio del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de una reforma pactada con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Los sindicatos quieren que se haga en Andalucía, que tiene las competencias. El consejero de Empleo convocó ayer a los agentes sociales para informarles, en el marco del acuerdo de concertación, del contenido de las reuniones con el Ministerio de Trabajo previstas para principios de septiembre. La actitud del Gobierno no satisface a la oposición.

PP: "Quien crea el problema no puede ser la solución"

IU: "Hay seguidismo innecesario y gratuito al Gobierno central"

El pasado lunes, Griñán, tras reunirse durante más de dos horas con Zapatero, anunció inminetes reuniones, "a nivel técnico, entre los responsables de Ministerio y Consejería de Empleo para desarrollar esta nueva forma de organización". Se refería al Servicio Andaluz de Empleo, cuya reforma ya anticipó el consejero, Manuel Recio, al mes de tomar posesión el pasado mes de marzo.

El enfado de los sindicatos viene por la incorporación del Gobierno central a esta negociación y porque temen que se pretenda una privatización de los servicios.

Recio, a través de las agencias Efe y Europa Press, intentó redirigir el conflicto al marco del acuerdo de concertación andaluz y aseguró que la reforma de la que habló Griñán es la misma de la que se ha hablado ya con sindicatos y patronal y que pasa, inicialmente, por la reconversión del SAE en agencia.

No obstante, convocó a los agentes sociales para "analizar el asunto". También adelantó que no está prevista la privatización del servicio: "En absoluto se les podrá cobrar a los andaluces por la intermediación en el mercado de trabajo".

La intermediación a la que se refiere el consejero son los contactos entre demandantes de empleo y empresa con necesidades. Según los datos que ofreció la Consejería hace 10 meses, el SAE mediaba entonces en un 15% de las contrataciones.

Este servicio y las políticas activas de empleo cuestan a los andaluces 1.260,6 millones de euros y absorben un 84% del presupuesto total de la Consejería de Empleo. Este año, cuando la reducción presupuestaria ha afectado a casi todos los niveles de la Junta, cuenta con un 13% más que en 2009. Según la información aportada en comisión parlamentaria, los programas de Fomento del Empleo cuentan con 567,4 millones de euros, un 33% más que el pasado ejercicio; los de Formación para el Empleo, con 398,7 millones, un 5,2% más; y los de Empleabildad e intermediación, con 270,3 millones. En la remodelación y modernización de las oficinas del SAE, el gasto desde 2004 ha pasado de 26 millones.

Para la oposición, la reforma es necesaria. "El sistema es ineficaz y la Junta es la causa", afirmó ayer el diputado del PP Ricardo Tarno. El representante del Partido Popular destacó el presupuesto del SAE frente a la intermediación que realiza, que rebajó a solo un 6% o 7%. También criticó la duplicidad de funciones y estructura, que ha supuesto, según dijo, "una plantilla de más de 2.000 personas entre el SAE y las fundaciones" vinculadas. "Solo ha servido para crear más gasto y para su utilización política", aseguró el diputado. "La reforma es necesaria, pero nos tememos que quien crea el problema no puede ser la solución", añadió Tarno, quien afirmó que su partido no apuesta por la privatización -"nunca", aseveró- sino por un servicio público de calidad.

El diputado de IU Pedro Vaquero fue muy crítico con la Junta y atribuyó la reforma negociada con el Gobierno central a los "recortes y a la reforma laboral". "Es un golpe a la concertación y a los sindicatos", aseguró. Especialmente crítico se mostró con el anuncio de que la modificación del modelo se pactará con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que atribuyó al "seguidismo gratuito e innecesario de la Junta y el PSOE al Gobierno de Madrid".

Según Vaquero, la Junta tiene dos intereses: incluir las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo temporal en los servicios de empleo y reducir las cifras de paro obligando a los desempleados a seguir cursos. "Esta reforma aclara el traumático cambio que se ha producido en la Consejería de Empleo", añadió en relación al relevo del equipo del anterior consejero, Antonio Fernández. El diputado de IU coincidió con el del Partido Popular en que una reforma del SAE debe evitar la duplicidad de funciones y reforzar este servicio.