Crecen las voces del PP que prometen derogar la ley del aborto

Cada vez son más las voces del Partido Popular que manifiestan su intención de derogar la ley del aborto si llegan al Gobierno. Si hace un mes fue el coordinador de Justicia y Libertades Públicas, Federico Trillo, quien aseguró que su partido cambiará la ley si gana las elecciones, ayer fue Ana Pastor, coordinadora de Política Social, la que reiteró esa intención. El líder del PP, Mariano Rajoy, ya había criticado en muchas ocasiones la nueva normativa -en vigor desde el pasado 5 de julio-, aunque siempre evitó hablar de ese compromiso.

"No estamos de acuerdo con la ley del aborto, así que es de lógica que la cambiaremos, pero tenemos la esperanza de que no haga falta, esperamos que el Constitucional se pronuncie en contra antes", dijo la ex ministra de Sanidad por teléfono, aunque matizó que aún es pronto para hablar del programa electoral o de si esa promesa estará reflejada en él. El PP recurrió el pasado mes de junio la nueva ley del aborto ante el Tribunal Constitucional. Este partido intentó incluso que el alto tribunal paralizase la norma para evitar que entrara en vigor. No lo lograron. El Constitucional rechazó suspenderla aunque solo por seis votos a cinco.

Recurso

El PP basa su recurso ante el Constitucional -Navarra también ha recurrido la ley, pero por invasión de competencias- en ocho puntos que inciden, sobre todo, en el plazo de aborto libre (14 semanas). Algo que, sostienen, desprotege al no nacido. La nueva ley, aseguran, va en contra de la sentencia de 1985 del mismo tribunal que señalaba al nasciturus (el no nacido) como un "bien jurídicamente protegido".

Pastor volvió a reiterar que ese plazo libre (en el que la mujer no debe alegar ningún motivo para la intervención) es "una barbaridad". "También estamos radicalmente en contra de que las menores puedan abortar sin el consentimiento de sus padres", añadió. La ley permite a las chicas de 16 y 17 años tomar la decisión solas siempre que informen a uno de sus padres, obligación que desaparece cuando la joven alega que contarlo en casa puede causarle un "conflicto". Un punto que también se incluye en el recurso ante el Constitucional, que sostiene que la ley vulnera el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, así como el de los padres a que sus hijos reciban la información "conforme a sus convicciones".