La nueva ley de movilidad busca atraer a la industria y comercio a las urbes
El Gobierno tendrá en septiembre el primer borrador de la normativa
La industria y el comercio deben volver a las urbes. Es el propósito del Departamento de Transportes para reducir drásticamente el uso del vehículo privado y es una de las principales ideas que se plasmará en la futura Ley de Movilidad Sostenible, aun en fase de borrador y que tardará todavía un año para presentarse en el Parlamento. La normativa, que entre las comunidades autónomas españolas solo existe en Cataluña en Cataluña, pretende vincular los planes urbanísticos a la movilidad, una variable hasta ahora residual en las planificaciones. "Se trata de vincular más el transporte con el desarrollo urbanístico", afirma Josu Benaito, director de Transportes del Gobierno. El viceconsejero Ernesto Gasco adelanta hoy, en San Sebastián, las líneas maestras de esta futura normativa.
El 70% de los desplazamientos por trabajo se realiza en coche
Pese al significativo aumento de la oferta de transporte público, el coche privado ha ido cada vez más en aumento. La última encuesta de movilidad, correspondiente al periodo 2003-2007 (ahora se está preparando la comprendida entre 2007 y 2011), concluía que el empleo del vehículo duplicaba ya los desplazamientos en transporte colectivo. En el caso del trabajo, un 70% de los desplazamientos se realiza ahora en coches particulares, según los cálculos de la consejería de Transportes. Lo único positivo en esta última década se ha dado en las tres capitales vascas, donde se ha estabilizado el uso del coche, aunque se registran más de 400.000 tránsitos diarios, cuatro veces más que en el transporte público.
La ley de Movilidad Sostenible quiere cambiar estos usos y englobar las actuaciones actuales, diseminadas entre las distintas administraciones vasas. "Hay muchas que han hecho muchas cosas, sobre todo los ayuntamientos, pero no hay una norma que fije la obligatoriedad de los planes de movilidad", explica el director de Transportes. El objetivo es obligar a cada administración a adoptar medidas que sean evaluables en la reducción del uso del coche y el fomento del transporte público.
La consejería, que espera disponer del primer borrador de la ley en septiembre, apuesta por el desarrollo urbanístico en altura y en núcleos importantes de población. "Un buen ejemplo es la nueva zona de San Mamés", indica el director, donde está en marcha un nuevo campus de la Universidad del País Vasco (UPV) y está conectada al metro, la línea de Renfe y la estación principal de autobuses de Bilbao. "Hasta ahora, en los desarrollos urbanísticos se tenía más en cuenta que una vivienda tuviera buena conexión con una carretera o una autopista y no con el transporte público. Cuando los desplazamientos son más largos, se fomenta más el coche, que tiene un coste para el usuario y para la administración en forma de infraestructuras".
Aunque por ahora no hay prevista ningún tipo de iniciativas concretas, el Gobierno cree que una "medida clara" es fomentar los parques tecnológicos urbanos e incentivar la vuelta a las urbes de la industria y, sobre todo, los centros comerciales, "que son una atracción para el vehículo privado". En el caso de las empresas, el traslado a las ciudades es más complicado, sobre todo con los parques tecnológicos ubicados fuera de áreas metropolitanas, como los de Zamudio y Miñano. "Tenemos que definir como se incentiva o se desincentiva", dice el director de Transportes. En el caso de las empresas, una opción barajada es crear redes de transporte público para reducir el uso del coche.
En la futura normativa no se piensa en medidas para aumentar la oferta de transporte público, ya que se considera que está bastante adaptado y encima tiene un coste elevado. El Gobierno calcula que las distintas administraciones se gastan cada año entre 150 y 200 millones de euros solo en la explotación, sin contar las inversiones en las infraestructuras. "Y es un dinero que crece año a año. Hay que reflexionar si se tiene que seguir alimentado esto, cuando hay sitios en los que la cobertura [del transporte público] no llega al 20%".
El borrador de la ley no contempla ningún posible impuesto para reducir el uso del coche. El director de Transportes explica que, al ser la fiscalidad una competencia de las diputaciones, es necesario el debate previo. A partir de septiembre, con este borrador, el siguiente paso será la discusión con otros Departamentos del Gobierno y el envío a las instituciones forales, de donde saldrá el primer documento cerrado. Posteriormente se iniciará el debate con los órganos consultivos del Gobierno y los periodos de exposición pública para que se presente al Parlamento, lo que no se producirá antes de finales de 2011, según los cálculos del Departamento de Transportes.
Cataluña tiene la ley desde 2003
Cataluña se convirtió, hace siete años, en la primera comunidad autónoma que se dotó de una ley de movilidad. La norma incluye una amplia referencia a la movilidad sostenible y, de hecho, nació con el objetivo central de "dar prioridad al transporte público" en detrimento del coche. Entre otras iniciativas que en su día resultaron novedosas, la ley condiciona el urbanismo a la movilidad; es decir, establece que no se puede aprobar ningún proyecto urbanístico si este no cuenta con un estudio del volumen de tráfico que genera.
Los expertos coinciden en que la aprobación de la ley de movilidad ha convertido a Cataluña en la "punta de lanza" de las políticas sostenibles que se desarrollan en España. Al abrigo de esa ley, y en parte debido a la presión ejercida por grupos que luchan por la extensión del transporte público, el Gobierno catalán y distintos ayuntamientos han tomado medidas que van en la línea de marginar al coche de la vía pública.
Una de las más polémicas se aprobó en 2007: la reducción de velocidad en las vías de acceso a Barcelona a 80 kilómetros por hora. Según el Gobierno catalán, la medida ha permitido reducir la cifra de muertos en accidente (en las vías afectadas por esa norma) un 50%. Tras esa iniciativa llegó otra, la velocidad variable: el límite de velocidad se fija, a través de unos paneles luminosos, en función de la congestión, de las condiciones meteorológicas o de la contaminación.
Con la ley en marcha y asimilada, los objetivos del Ejecutivo catalán pasan ahora por seguir reduciendo las emisiones contaminantes y el ruido, fomentar la llamada "ciudad compacta" y elaborar más planes de movilidad urbana.
Expertos coinciden
- La manera de frenar al coche es asunto de debate desde varias décadas. Mikel Murga, ingeniero y reconocido experto en tráfico y transporte, sostiene que hay que ofrecer incentivos fiscales a las empresas para que las empresas vayan a la ciudad en vez de a la periferia. "No se pueden poner pabellones industriales en la ciudad pero sí oficinas. El 80% de la actividad del Parque Tecnológico de Zamudio puede estar en Bilbao".
- José Félix Basozabal, ex diputado de Transportes de Vizcaya y ahora en una empresa de planes de movilidad, cree que toda actividad económica que puede hacerlo debería implantarse en las ciudades y aplaude la ubicación de facultades universitarias, como el proyecto del campus tecnológico de la UPV en San Mamés.
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