Una nueva testigo contradice la tesis del 'caso Polop'

El testimonio de una testigo checa puede dar un giro de 180 grados al caso del asesinato del alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP en octubre de 2007.

La semana pasada, y en cumplimiento de una orden judicial, se recabaron pruebas testificales solicitadas por la juez que instruye el procedimiento: una comisión rogatoria internacional interrogó en la República Checa, en calidad de testigo, a una ex trabajadora del club Mesalina, cerca de Benidorm. La policía sostiene que allí se fraguó el plan para asesinar al alcalde polopino Alejandro Ponsoda.

Dos abogados y dos miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que se ha encargado de la investigación desde el primer momento, se desplazaron a la localidad de Sokolov, en la República Checa, para recabar información de una camarera que trabajó en el lupanar entre 2006 y 2008, el periodo en el que se gestó y ejecutó el crimen. Los abogados son Carlos Ruiz Manero, uno de los defensores de Juan Cano, el sucesor de Ponsoda, y Francisco González, el letrado que defiende a Pedro Hermosilla, el dueño del club Mesalina. Cano está imputado como autor intelectual del asesinato y Hermosilla como intermediario en la contratación de los sicarios que se encargaron de la autoría material.

De la declaración de la camarera del Mesalina, que todavía está por traducir al castellano en el Juzgado de Instrucción número 2 de La Vila Joiosa que lleva el caso, se deriva que Juan Cano fue reconocido como un cliente no habitual del club y que el testigo protegido que dijo haber recibido el encargo de matar a Ponsoda mientras trabajaba de portero del Mesalina, cuya declaración sirvió como principal prueba de cargo para encarcelar a siete acusados, empezó a trabajar allí entre marzo y abril de 2008, es decir, seis meses después de que dos disparos acabaran con la vida del regidor. Las fechas no cuadran, y los datos son contradictorios.

"Lo vi por allí una o dos veces", confesó la testigo en las dependencias policiales checas refiriéndose a Juan Cano, que fue reconocido en una fotografía que le mostraron por la misma señal física que el resto de testigos, el estrabismo de uno de sus ojos, lo que lo convertiría en un cliente poco habitual del local en esa época.

Por otro lado, también aseguró que el portero del club de nacionalidad portuguesa, que declaró por primera vez a finales de julio de 2009 a la UCO haber recibido en agosto de 2007 el encargo de acabar con la vida de Ponsoda, al que renunció para facilitar a continuación el nombre de otras tres personas que podrían llevarlo a cabo, empezó a trabajar en el Mesalina entre marzo y abril de 2008. "Esta declaración entra en clara contradicción con lo que dijo, así que ha mentido porque en ese momento no trabajaba allí y, además, debería pasar a la condición de imputado dado que si fuera verdad lo que dice, tardó dos años en poner en conocimiento de la policía que se estaba planificando matar ni más ni menos que a un alcalde", insiste el abogado Francisco González.

No está nada claro que las pruebas recopiladas por la UCO vayan a servir para acusar de asesinato a las siete personas que fueron encarceladas entre el 3 y el 24 de noviembre del año pasado: Cano, Hermosilla, su gerente Ariel Gatto, un empresario del calzado de Polop llamado Salvador Ros, dos sicarios checos sospechosos de haber efectuado los disparos y Raúl Montero Trevejo, quien habría proporcionado las armas.

Siete meses después, a mediados de junio, la Audiencia de Alicante, comenzó a enmendarle la plana a la juez que instruye el caso, que confirmó la prisión incondicional comunicada y sin fianza a todos los recursos que le fueron presentando, y decidió dejar en libertad bajo fianza de 30.000 euros (luego rebajados a 20.000) a Radim Rakowski, uno de los supuestos sicarios que todavía sigue en prisión por no poder pagarla. Luego llegó la de Salvador Ros. Y la juez reaccionó el 30 de julio dejando en libertad a Cano, Hermosilla y el otro ciudadano checo, Robert Franek, previo pago de 20.000 euros de fianza cada uno de ellos. Quedan en prisión Montero Trevejo, juzgado por tráfico de drogas y condenado a seis años mientras estaba en la cárcel, y Ariel Gatto, también juzgado en julio porque años atrás, en una inspección del Mesalina por un delito contra los derechos de los trabajadores, la policía le encontró 17,5 gramos de cocaína en el bolsillo, aunque finalmente fue absuelto del delito de tráfico de drogas.

El caso se dividió en dos causas, la del asesinato de Ponsoda y otra por los posibles delitos relacionados con la gestión del urbanismo de Polop que hubiera podido cometer Cano en connivencia con otras personas. Esta derivación del caso también está atascada en el juzgado número 3 de La Vila, que ha tenido cuatro jueces diferentes en lo que llevamos de año. Juan Cano ha hecho vida normal desde el primer día que salió del centro penitenciario de Villena y el fin de semana pasado participó en las fiestas de su pueblo. Hasta ha sido visto departiendo en la Plaza de los Chorros, en el centro de Polop, con Salvador Ros. Y sigue siendo concejal, pese a estar suspendido de militancia en el PP. El próximo mes irá a su primer pleno.