La Cámara de Cuentas encuentra irregularidades en Morata de Tajuña

El Ayuntamiento de Morata de Tajuña (7.200 habitantes) no tiene un inventario de sus bienes, ni cumple la legislación en materia de contratación, ni hace un seguimiento adecuado de la ejecución de los contratos de obras. Además, paga a sus trabajadores por encima de lo que dicta la normativa, prorroga contratos de seis meses durante años y se los adjudica a las mismas personas, lo que restringe la competencia. Y así un ejemplo tras otro. Los recoge un informe elaborado por la Cámara de Cuentas publicado a finales de julio. Se refiere a los ejercicios 2005, 2006 y 2007, bajo Gobierno socialista con el apoyo de dos concejales de IU. En junio de 2007 entró el Ejecutivo local actual, del PP.

Cuatro trabajadores hicieron 200 horas extra, cuando el límite es 80

"Los criterios de adjudicación no son transparentes", dice el informe

El informe critica en sus conclusiones que los tres presupuestos fueran prórroga del último aprobado (de 2004), "lo que ha dificultado su gestión y su control". También señala que las deficiencias que encontró la Cámara en el anterior informe "han seguido detectándose". Entre ellas, la ausencia de un inventario de los bienes municipales, lo que provoca un "control deficiente" de los ingresos por alquileres de bienes inmuebles o fincas. A los trabajadores se les paga demasiado, según los auditores. Sus retribuciones "superan los límites establecidos en las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado", así como los complementos específicos, las gratificaciones y las horas extraordinarias. Por ejemplo, señalan que en 2007 cuatro trabajadores superaron las 200 horas extraordinarias al año, cuando el límite está en 80.

Los contratos que hizo el Ayuntamiento en esos años se llevan buena parte de los reproches. "Existe incumplimiento de la legislación vigente en materia de contratación", resume el informe, para después precisar. Por ejemplo, se hicieron contratos verbales, sin tramitar los necesarios expedientes ni formalizar los acuerdos. Otros no fueron transparentes: en dos expedientes, "los criterios objetivos de adjudicación no permiten que la selección del contratista se realice de forma transparente", señala el informe, "ya que figura una lista con cinco criterios sin ponderación". Un sexto criterio permitía valorar otras mejoras después de presentar las ofertas, pero sin precisar cuáles, lo que provoca que el técnico municipal que valora "tiene bastante discrecionalidad".

El Consistorio, según los auditores, utilizó "preferentemente los procedimientos sin concurrencia", como la contratación menor, aunque esta en ocasiones "se utilizó indebidamente" por ser su importe superior a lo permitido o porque su duración se extendía a más de un ejercicio presupuestario. "También se ha producido la división del objeto de la prestación sin justificarse las circunstancias que la autorizan", añade. Buena parte de los contratos menores eran de consultoría y asistencia y, según el informe, "se celebran con las mismas personas, lo que constituye una práctica restrictiva de la competencia y son contrarios a los principios de publicidad y concurrencia".

Fue el actual alcalde de Morata, Mariano Franco (PP), el que pidió la fiscalización cuando llegó a la alcaldía. "El informe no dice nada nuevo, nada que no supiéramos", aseguró por teléfono el viernes pasado. "Estamos empezando a arreglarlo", añadió. El inventario, por ejemplo, está en marcha. No sin dificultades, porque se están encontrando propiedades que figuran en el Catastro pero no en el Registro, con lo que no está claro si pertenecen o no al Consistorio. "Está llevando bastante tiempo", admitió.

El alcalde aseguró que la interventora y la secretaria están aún estudiando el informe de la Cámara, recién publicado. Precisamente los auditores las mencionan varias veces a lo largo del texto porque pusieron reparos a contratos y denunciaron irregularidades. Por ejemplo, la interventora señaló que había incompatibilidad en que la misma persona que redactaba un proyecto lo supervisase. Se trata del contrato de servicios del arquitecto municipal que el informe identifica con el número 41. Formalizado en 2003, y con una duración de seis meses, se siguió prorrogando año tras año, pese a que el contrato no preveía prórrogas. Además de su remuneración periódica recibió pagos por trabajos de redacción de proyectos entre 2005 y 2007.

La interventora tampoco dejó pasar que las actuaciones y los pasacalles de las fiestas patronales se contrataran con la misma empresa que alquilaba los sanitarios portátiles, los escenarios y otros servicios. Consideró que se había fraccionado el objeto de la prestación. En sus recomendaciones, la Cámara asegura: "Los trabajos de fiscalización han puesto de relieve que los reparos puestos de manifiesto en los informes de la secretaria y de la interventora municipal no han sido considerados en la mayoría de las ocasiones".