La norma no ataja las divergencias

Uno de los objetivos fundamentales de la nueva ley del aborto es acabar con las inequidades que durante años, se han desarrollado en el acceso a la prestación en las 17 comunidades. Sin embargo, un mes después de su entrada en vigor, la ley de salud sexual no ha terminado con ellas. Diferencias desde temporales a económicas que dificultan que la mujer pueda ejercer ese derecho sanitario.

En Madrid, por ejemplo, las mujeres esperan unas tres semanas para abortar si quieren que la sanidad pública se lo financie. "Muchas se ven obligadas, por falta de tiempo, a pagar algo que debería ser gratis", incide Sergio Muñoz, director médico de la Clínica El Bosque. En cambio, en otras regiones como Castilla-La Mancha, la carta de pago (esta comunidad concierta las intervenciones con la privada) que precisa la mujer se entrega con el sobre informativo que se da a la mujer para que inicie el periodo de reflexión de tres días.

El famoso sobre también se ha convertido en un objeto de desigualdades. La Comunidad Valenciana ha anunciado que incluirá en él información visual -ecografías en 3D, por ejemplo- sobre el aborto. Una fórmula que, según los ministerios de Sanidad e Igualdad infringe la nueva ley, que marca que la información debe ser "objetiva" y no para "coaccionar".

Otra de las inequidades es la económica. En Cataluña las mujeres se ven obligadas a adelantar el dinero de su bolsillo -entre 300 y 500 euros dependiendo de las semanas de gestación-. El servicio de salud catalán se lo reintegrará después, un sistema que también contradice la nueva ley, según Sanidad, que asegura que algunas de estas divergencias se deben al periodo de adaptación de la ley. Añaden, sin embargo, que no permitirán que esos incumplimientos y divergencias se mantengan.