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Editorial:

Bolígrafos caídos

Los agentes de Tráfico deben aclarar las razones de una protesta de negativas consecuencias

La llamada huelga de bolis caídos que mantienen los agentes de la Guardia Civil de Tráfico tiene una primera característica: su indefinición. Es un conflicto apenas declarado, pero de evidentes consecuencias en el control del tráfico vial. Según la Dirección General de Tráfico, esa "protesta espontánea" ha causado un importante descenso en las denuncias por infracción en la carretera; nada menos que desde 188.476 multas en junio de 2009 a 94.565 en junio de 2010. Como la idea rectora de Tráfico es que "a más multas, menos muertes en la carretera", parece evidente que el Ministerio del Interior tiene un problema grave y los conductores otro de no menor importancia.

El primer paso obligado para aclarar este conflicto es que se haga explícito, que se conozcan las razones y, sobre todo, las peticiones de quienes sostienen esta acción "espontánea". Es de suponer que los términos del conflicto se precisarán a raíz de la protesta convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) el próximo 18 de septiembre. Es muy poco profesional e irrespetuoso con los ciudadanos mantener un conflicto en estado latente, sin detallar las condiciones de la reivindicación. Por ahora, los argumentos son confusos. Hay peticiones de mejora en la jornada laboral y acusaciones (sin probar) de que Interior condiciona el pago de complementos salariales al número de multas.

Con independencia de la verosimilitud del cruce de acusaciones entre el ministerio y los huelguistas, el hecho es que el éxito de las campañas de control de tráfico que han conseguido reducir históricamente el número de muertos depende directamente de la capacidad de disuasión que tienen las multas, la retirada de puntos y la presencia de la Guardia Civil en las carreteras. También es un hecho que los meses de julio y agosto son especialmente proclives a la siniestralidad vial. Por lo tanto, caben pocas dudas de que agentes de la Agrupación de Tráfico están siguiendo un plan perfectamente calculado; suponen que Interior se avendrá más fácilmente a razones después de una escalada que comienza con amenazas veladas, continúa con el reconocimiento abierto del conflicto y concluirá con un cuadro completo de reivindicaciones públicas.

La opinión pública acepta mal que se pueda presionar a la Administración a cambio de un empeoramiento de la siniestralidad. Así pues, la estrategia de los huelguistas de bolis caídos no es buena. Pero el Ministerio del Interior también tiene que sacar consecuencias de la situación. Los conductores empiezan a pensar que las multas de tráfico no tienen un fin disuasorio de la siniestralidad, sino recaudatorio. Esta percepción debe ser erradicada, para garantizar la colaboración de los automovilistas; y eso solo se conseguirá cuando la Guardia Civil de Tráfico esté convencida de que patrulla las carreteras para evitar accidentes y no para extraer dinero de los automovilistas (mensaje que ahora transmiten).

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de agosto de 2010