Arguedas se personará como acusación popular en el caso del joven motorista fallecido

El Ayuntamiento de Arguedas (Navarra) se presentará como acusación popular en el juicio que se celebrará por la muerte del joven de 17 años Andoni Pardo Cuartero, que falleció el sábado tras chocar con su ciclomotor contra una señal de tráfico que, tras una gamberrada, había sido derribada por unos ciudadanos alaveses.

El consistorio ha decidido también que solicitará a los acusados el importe del mobiliario urbano que rompieron la misma noche del suceso, cuando, mientras celebraban una despedida de soltero, cometieron actos vandálicos por las calles. Además de derribar las señales, volcaron varias jardineras y rompieron tablas del vallado del encierro.

Mientras, las investigaciones para esclarecer lo ocurrido continúan. El inspector jefe de la División de Tráfico de la Policía Foral, Antonio García Malumbres, aseguró ayer que "la hipótesis más probable es que el joven no llevara bien puesto el casco". Esa circunstancia en ningún caso modificaría la pena que recibirán los responsables, "pero que debe alertar de la importancia de llevar bien abrochado el casco, porque de lo contrario es como no llevarlo puesto".

Malumbres también se refirió al hecho de que la juez encargada del caso finalmente no imputara a los detenidos el delito de omisión del deber de socorro, aunque "efectivamente, los testigos aseguran que abandonaron el lugar de forma precipitada cuando les advirtieron de lo sucedido". El Código Penal señala que para que este delito exista "la víctima debe quedar desamparada, y en este caso, a los 30 segundos, los vecinos empezaron a bajar para atender al chaval, incluso su propia madre".

Finalmente, cuatro jóvenes, de los 13 que participaron en la despedida de soltero, han sido imputados, aunque con distintos cargos. De ellos, solo uno (J.C.M.) ha reconocido haber tirado la señal de tráfico, aunque la juez ha imputado a él y a otro más (J.C.G.T.) el delito de homicidio, porque las declaraciones de los jóvenes son "contradictorias". Las dos personas que fueron puestas en libertad en un primer momento "están imputadas con distintos cargos, porque se entiende que su grado de participación fue menor", mientras que las otras dos, "tienen una relación más directa con los hechos".