La fiscalía acusa de prevaricación al ex director de Sanidad de Vizcaya
Concluye que Elorriaga se saltó el procedimiento legal de forma exagerada
El caso Margüello se acelera en su vertiente judicial. La Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya ha acusado al ex director de Sanidad en este territorio, José Ramón Elorriaga, de un delito de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) por conceder la autorización de funcionamiento a una de las empresas implicadas en las adjudicaciones irregulares de contratos públicos sanitarios durante 11 años. Seis compañías, relacionadas con el ex director de Calidad del Hospital de Cruces José Carlos Margüello, recibieron contratos de la Administración vasca por un total de 33,5 millones, de los que 28 millones procedían de adjudicaciones en los que se cometieron graves irregularidades, según la consejería.
El ministerio público quiere comprobar si se cometieron más delitos
Un Juzgado de Instrucción de Bilbao recibe la querella
El caso, destapado hace poco más de un año, empezó con una investigación interna de Sanidad sobre las adjudicaciones, en las que se constató la supuesta implicación de otros ex altos cargos del departamento, dirigido esos años por Gabriel Inclán. Fue el caso del ex director de Sanidad en Vizcaya José Ramón Elorriaga, quien autorizó en junio de 2006 a contratar con la Administración a la empresa Gestión Servicios Sanitarios XXI, de la que Margüello es apoderado desde febrero de 2006 "con plenitud de competencia y atribuciones", según ha constatado el Tribunal Vasco de Cuentas. La autorización se concedió el mismo día en que la empresa la solicitó, algo muy inusual, y sin que se realizase una inspección previa de la firma.
La fiscalía, que investiga desde abril pasado estas actuaciones administrativas, ha confirmado las consideraciones de Sanidad y el Tribunal de Cuentas. La pasada semana, envió a los juzgados de Bilbao una querella por prevaricación contra Elorriaga. El escrito recalca que el ex alto cargo se saltó el procedimiento legal de una manera exagerada, según señalaron a EL PAÍS fuentes jurídicas. Además, alude a la falta de inspección y control que debe existir en el caso de un funcionario público.
La querella ha correspondido por reparto al Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao, que, al encontrarse su titular de vacaciones, aún no ha adoptado medidas. La fiscalía pide al juzgado que realice una serie de diligencias para comprobar si Elorriaga pudo cometer otros delitos, según dichas fuentes.
La investigación interna de Sanidad concluyó que "resulta evidente la ausencia de todo procedimiento" en las concesiones de los contratos a Gestión Servicios Sanitarios XXI y que la autorización sanitaria de funcionamiento se otorgó en junio de 2006 con la simple "presentación incompleta de documentación".
Dicha empresa formó además una unión temporal con la Clínica Indautxu y Rehabilidom, creada para derivar pacientes de Osakidetza, y pasó de recibir 212.800 euros por sus servicios a 2,7 millones por igual trabajo.
Gestión Servicios Sanitarios XXI pidió la autorización para poder contratar con Sanidad en febrero de 2006, el mismo mes desde el que tiene como apoderado a Margüello, como ha comprobado el Tribunal de Cuentas, pero no la obtuvo. El 9 de junio, la presentó de nuevo y fue aceptada y resuelta el mismo día por la dirección territorial de Sanidad.
La fiscalía deberá también analizar en breve el asunto central de este caso -las contrataciones irregulares con seis empresas relacionadas con Margüello- después de que el PSE anunciase que remitirá a los tribunales el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que ha constatado irregulariddades en los expedientes. La parlamentaria socialista Blanca Roncal aseguró a finales de julio que existe "un abrumador cúmulo de irregularidades de Sanidad" cometidas durante los 11 años (entre 1999 y 2009) en que estuvo dirigido por Inclán.
Una autorización nula
La querella de la fiscalía llega dos semanas después del informe definitivo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre el caso Margüello, que consideró "nula de pleno derecho" la autorización concedida por José Ramón Elorriaga a la empresa ligada al ex director de Calidad de Cruces. El órgano fiscalizador cuestionó también la variación de precios en la adjudicación a Gestión Servicios Sanitarios XXI, en cuyo expediente se hablaba de la posibilidad de pactar "precios de mutuo acuerdo". El tribunal concluye que esa actuación es contraria a la ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
El informe agrega que, al revisar las facturas, un 20% del importe no corresponde a las tarifas previstas y, en un caso de sesiones de rehabilitación, duplica lo establecido.
El órgano auditor concluye que la contratación de esta empresa "no fue realizada con la debida transparencia", al usar el procedimiento de urgencia y no existir publicidad ni concurrencia para la provisión de los servicios sanitarios. "Se han prestado servicios no contemplados ni en el contrato ni en la orden", dice el texto, en referencia a un informe de la Seguridad Social, que no tiene inscrita a esa firma, "lo que indica que no disponía de personal para llevar a cabo el servicio".
Una ex letrada de Sanidad aseguró ante la comisión de investigación del Parlamento que sus instalaciones se limitaban a una sala en la que una persona atendía el teléfono y derivaba pacientes.
La comisión espera a Churiaque
La comisión del Parlamento vasco que desde marzo pasado investiga las supuestas irregularidades en contrataciones con Sanidad, ante la que ya han comparecido entre otros el ex consejero Gabriel Inclán, espera ahora la preencia del presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, José Ignacio Martínez Churiaque.
Será él quien reinicie el turno de comparecencias el próximo septiembre, a la vuelta de las vacaciones, y es un testimonio esperado para analizar más en detalle el contundente informe del órgano fiscalizador.
El texto incluye las alegaciones de los implicados: Margüello y otros dos médicos, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga. Los tres niegan la existencia de incompatibilidades porque no eran administradores de las empresas cuestionadas. El Tribunal de Cuentas ha recordado que ello no es necesario, ya que la ley lo prohíbe también en empresas donde "sus propietarios o trabajadores incurran en incompatibilidad". Todos ellos limitaban su participación en las compañías a un mejor asesoramiento y pidieron una "interpretación más cabal de la legislación".
El ex consejero Gabriel Inclán, quien también presentó alegaciones al informe, ha negado que exista "ninguna trama" en este caso. Justifica los procedimientos de emergencia empleados en las contrataciones debido a un mandato del Parlamento para reducir las listas de espera.
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