Gobierno y controladores acercan posiciones para evitar la huelga

El órdago lanzado por los controladores aéreos al Gobierno al amenazar con una huelga pero sin concretar las fechas -y poner en vilo al sector del turismo- ha hecho mella en la negociación del convenio colectivo. Ayer se acercaron posiciones en algunos puntos. El acuerdo, con todo, no fue posible, y la incertidumbre siguió castigando a la industria turística española, ya que la baza del paro laboral sigue en la mano de los controladores y cada día de vacilación juega en contra de las reservas de viajes y alojamientos. Hoy las partes se volverán a reunir para tratar de evitar el paro en la segunda quincena de agosto.

De momento, AENA se mostró ayer dispuesta a "estudiar" varios de los 12 puntos que reclama el sindicato USCA para no convocar la huelga, como revisar la carga de trabajo en las torres de control y las capacidades declaradas de los aeropuertos, según fuentes sindicales. Por otra parte, el Gobierno estudiará elevar de 57 a 60 años la edad de retiro de los controladores, previo informe médico, lo que permitiría recuperar a profesionales como reclama el sector para reforzar la plantilla. El sindicato USCA asegura que AENA no ha puesto esta posibilidad todavía sobre la mesa.

Los controladores reclaman dos días de descanso tras cuatro de trabajo

El colectivo promete reforzar el servicio este verano, pero de forma voluntaria

Los controladores plantearon en la reunión una nueva organización de la jornada basada en dos días de descanso después de cuatro días seguidos de trabajo para evitar "jornadas muy irregulares de, por ejemplo, seis días seguidos a veces", explicó César Cabo, secretario de Comunicación de USCA. "Como sabemos que ahora en verano esto no sería suficiente, nos comprometemos a cubrir más horas, aunque no se paguen como extraordinarias, pero de forma voluntaria y no obligatoria como ahora", añadió. Está pendiente la aplicación del último decreto de jornadas y descansos, que plantea seis días libres al mes.

El gestor público se ha comprometido a estudiar esta propuesta. Ahora, además de los controladores programados, AENA se sirve de un colchón de horas "imaginarias" por las que un número de trabajadores (equivalente al 15% del servicio previsto) está de guardia y puede ser requerido en el último momento para cubrir una ausencia. Además, se pueden activar los "servicios exprés", por los que la empresa puede llamar a cualquier controlador para cubrir un puesto y el sindicato critica que ello implica una disponibilidad "absoluta e incondicional" de 365 días al año.

Además, según fuentes sindicales, AENA ha aceptado verbalmente otras reclamaciones como retomar la formación, el pago del seguro de vida de los profesionales y llevar a cabo algunos estudios de seguridad y prevención. Cabo lamentó "que AENA no le dé un empujón a la negociación para cerrar ya un acuerdo, dado lo urgente que es para el turismo" y agregó que el sindicato pedirá una reunión con el ministro José Blanco. Anoche, Fomento desmintió "categóricamente" que dicha entrevista vaya a producirse.

En cuanto a la garantía que ofrece la empresa pública de 200.000 euros de salario medio anual hasta 2013, en un contexto de incertidumbre y de liberalización del sector, Cabo recalcó que "la masa salarial no está en discusión", sino las condiciones de trabajo. AENA quiere vincular el salario a la productividad y la carga de trabajo.

El mar de fondo de este conflicto es la deuda que acumula el ente gestor de los aeropuertos (15.000 millones de euros) y las nuevas reglas de juego que el Gobierno está diseñando para el sector de la navegación aérea, en el marco de la creación de un cielo único europeo. Se trata de un proyecto comunitario que mediante una reorganización territorial y funcional busca reducir la fragmentación del sector, recortar a la mitad los costes de volar en Europa, triplicar la capacidad de tráfico aéreo y reducir en un 10% el impacto medioambiental.

Blanco abrió el frente con los controladores al denunciar los elevados salarios que cobraban (una media de 350.000 euros) en comparación con sus colegas europeos y aprobó un decreto en febrero por el que ampliaba la jornada ordinaria (de 1.200 a 1.670 horas más 80 extra) y, por tanto, se reducía su sueldo un 40%.

Además, implantó las guardias localizadas y los servicios exprés, con lo que acabó con la voluntariedad. Hace unas semanas, además, aprobó un decreto para privatizar los servicios en las torres de control de aeropuertos, que se abrirán a las empresas privadas.