Elorrio aprueba mañana un polígono industrial que impulsó Zubiaurre
El Ayuntamiento desoye el rechazo vecinal al plan gestado por el imputado
El Ayuntamiento de Elorrio, gobernado por la ilegalizada ANV, aprobará mañana el proyecto de un nuevo polígono industrial en la localidad que fue impulsado hace nueve años por Antton Zubiaurre, el principal imputado por el supuesto espionaje a altos cargos de Industria, que ha despertado un fuerte rechazo vecinal. El consistorio ha desoído la petición firmada por 650 vecinos (el 9% de la población de Elorrio) presentada el jueves pasado para que se aplace a septiembre el pleno que abordará la aprobación de todo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Elorrio, que se incluye el polémico polígono. Supone el último trámite municipal para su ratificación. Luego, solo faltará el visto bueno del Gobierno para su entrada en vigor.
El alcalde niega que acordase la recalificación con el ex director de Sprilur
El programa electoral de ANV en 2007 calificó el plan de "agresión visible"
Zubiaurre, director general entre 2000 y 2007 de Sprilur, la sociedad pública de Industria dedicada a la compra de suelos para polígonos, impulsó desde ese cargo la recalificación de 10 hectáreas a principios de la década, como adelantó EL PAÍS el pasado día 24. En un acto público en Elorrio, Zubiaurre aseguró en 2002 que contaba con el aval del entonces y ahora alcalde, Nico Moreno. El directivo de Sprilur aseguró a los vecinos que se habían gastado seis millones de euros en comprar terrenos rústicos. Pese a estas afirmaciones, Moreno ha declarado a este diario que ese acuerdo "es totalmente incierto" y que sus relaciones con Zubiaurre "se rompieron porque quería forzar al Ayuntamiento a recalificar los terrenos".
El PGOU de Elorrio ya se intentó aprobar en el anterior mandato (2003-2007) cuando el PNV accedió a la alcaldía, pero fue suspendido por un juez en 2007 al incumplir la ley sobre participación ciudadana. El propio Moreno presentó una alegación en diciembre de 2004 para que no se recalificaran los terrenos. Con la vuelta de la izquierda radical abertzale al mando del consistorio en 2007, se empezó a tramitar de nuevo el plan urbanístico.
La plataforma vecinal contraria al polígono, apoyada por el grupo independiente ACE, formado por EB, Aralar y una asociación vecinal, confiaba en que el polígono no se iba a volver a plantear. De hecho, ANV incluyó en su programa electoral de 2007 su oposición al "macroproyecto" en el barrio de San Antón. "Es una de las agresiones más visibles para con nuestro entorno. En su día se consiguió parar los pies a Sprilur. Volveremos a hacerlo", añadía.
El polígono se mantiene en el PGOU que se aprobará mañana -cuenta con el aval de ANV y PNV, que suman 11 de los 13 corporativos-. Moreno ha señalado a EL PAÍS que su grupo "jamás ha dicho que no haría allí [en el barrio de San Antón] la zona industrial" y que era "exagerada" un área industrial de "32 hectáreas. Nosotros ponemos una zona de poco más de 7,5 hectáreas". Los opositores aseguran que en la documentación figuran 10,5 hectáreas que, una vez aprobadas, se convertirían "de hecho en 15 hectáreas, con los suelos adyacentes".
La tramitación del plan también ha sido polémica, ya que se trató el pasado 13 de julio en un Consejo Asesor (el órgano de participación ciudadana exigido por ley en la elaboración de los planes urbanísticos municipales), en el que los colectivos asistentes se encontraron con un texto cerrado, al tener las alegaciones contestadas. Ello contraviene el reglamento de estos consejos asesores, que deben ser informados al inicio de la redacción de los PGOU. El alcalde también lo rechaza: "No es cerrado. Se presentó el dictamen y el documento ya se formuló en febrero y han tenido tiempo de estudiarlo. Lo que pasa es que los del Consejo Asesor se atribuyen un estatus que no tienen".
Industria revisará una compra en Santurtzi
El Departamento de Industria, que denunció en marzo pasado el supuesto espionaje a altos cargos tanto de la SPRI (su principal sociedad pública) como de Sprilur (dependiente de la anterior) en el que está implicado Antton Zubiaurre, ha resuelto revisar una operación realizada en Santurtzi por el entonces director general de Sprilur. Se trata de la compra de 10 hectáreas de terrenos rústicos, adquiridos en 2007, cuando Zubiaurre estaba a punto de abandonar la dirección de la sociedad de compra de suelos industriales.
Sprilur pagó 3,6 millones, una cantidad cinco veces superior al precio real del suelo en esa fecha, según calcula Industria. El pago se realizó en cuatro plazos, uno de ellos a través de un cheque al portador, sin identificación, por 336.000 euros. Este último hecho ha despertado aun más sospechas en la consejería. Toda la operación no pasó además por el Consejo de Administración de Sprilur, según los datos recopilados.
El vendedor es J. C. A. B., primo del actual presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzuar, ambos propietarios de un caserío ubicado cerca del solar, según las fuentes consultadas. El terreno, aún no utilizado para otros usos, tiene grandes pendientes -se halla en las faldas del monte Serantes-, lo que obliga a realizar un elevado gastos en su urbanización. Además, requeriría crear infraestrucutras de comunicación.
Industria comunicó estos hechos a la Ertzaintza, a la que había presentado la denuncia por espionaje, que le recomendó la presentación de una denuncia, que se formalizó el pasado 5 de julio. Un juzgado de Biulbao investiga ahora el caso.
La imputación de Zubiaurre por el supuesto espionaje ha llevado al departamento que dirige Bernabé Unda a abrir una investigación interna sobre la actividad de Sprilur durante los ocho años en que fue dirigida por el ex alcalde de Mendaro y militante del PNV.
Antton Zubiaurre está imputado -junto a I. U., su ex chófer y actual empleado de la SPRI- por el Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbao por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en concreto por apropiarse de información de otras personas de índole económica para ser suministrada a terceros.
La juez espera ahora un informe de la Ertzaintza que, desde hace un mes, analiza concienzudamente los discos duros y lo correos de los ordenadores personales de los dos imputados para cruzar los datos con los terminales de los cargos de Industria supuestamente espiados. El juzgado ha encargado también un estudio informático a Microsoft, el fábricante del sistema operativo de los ordenadores. Las principales pruebas son las IP, los identificadores que tienen los terminales desde los que supuestamente se espió y que han sido atribuidos a Zubiaurre, en varios casos, y a su ex chófer, en uno. Ambos han sido citados a declarar en octubre.
