Selecciona Edición
Entra en EL PAÍS
Conéctate ¿No estás registrado? Crea tu cuenta Suscríbete
Selecciona Edición
Tamaño letra

Investigados cinco técnicos de Vivienda que cobraban por dar licencias

La Fiscalía Superior de Cataluña investiga una presunta red de funcionarios de la delegación del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda en Tarragona que supuestamente concedió durante años cédulas de habitabilidad a cambio de dinero y sin realizar la inspección pertinente. Las pesquisas recaen por ahora sobre cinco funcionarios que ya han sido expedientados por la Generalitat y que se sospecha que otorgaron unos 360 expedientes de forma irregular entre 2000 y 2009. La fiscalía debe decidir ahora si aprecia delito, lo cual podría implicar la inhabilitación de los implicados como empleados públicos.

Vivienda conoció el caso por la denuncia de una mujer en mayo del año pasado. Esta explicó a responsables del departamento que en 2008 acudió a la delegación de Tarragona para informarse sobre cómo obtener una cédula. Cinco minutos después, salió del edificio con el trámite ya cumplimentado y tras haber desembolsado 165 euros más las tasas legales, de unos cinco euros. La denunciante añadió que ningún técnico acudió jamás a la vivienda para comprobar las condiciones del piso, según avanzó el diario Més. La normativa fija que esta inspección es la que determina la concesión de la cédula, que debe notificarse en un máximo de 30 días hábiles después del registro de la solicitud. Tras comprobar las irregularidades, Vivienda puso el caso en manos de la fiscalía el pasado enero.

Una mujer denunció que le pidieron 165 euros por la cédula

Las pesquisas de Vivienda apuntan a que un arquitecto y un técnico de los servicios territoriales de Tarragona impulsaron la trama y otros tres funcionarios supervisaron solicitudes de expedientes en los que, a su vez, firmaban como técnicos y arquitectos privados.

El departamento informó de que ya ha resuelto el expediente sancionador de los implicados y permanece a la espera de las actuaciones del fiscal. Tres de los funcionarios han perdido dos grados de nivel profesional. La sanción a otro funcionario no se ha concretado porque se encuentra de baja laboral, y en el último caso, el expediente se ha cerrado sin sanción porque el empleado se jubiló antes de que se conocieran estas irregularidades.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de agosto de 2010