Zubiaurre y su ex chófer declararán ante el juzgado a finales de octubre

Antton Zubiaurre, ex director general de Sprilur, y su ex chófer I. U., los dos imputados por el presunto espionaje a altos cargos del Departamento de Industria, declararán por primera vez ante el juzgado a finales de octubre. La titular del Juzgado de Instrucción número de Bilbao, encargado del caso, ha comunicado a los implicados la citación para prestar testimonio, según ha sabido EL PAÍS en fuentes próximas a la investigación.

Zubiaurre e I.U. se negaron a declarar el 25 de junio, cuando se difundió este caso y comparecieron ante la juez. El ex director general de Sprilur entre 2000 y 2007 fue detenido en su casa de Mendaro y trasladado ante el juez, mientras que el otro imputado, que ahora trabaja como comercial en la SPRI (la principal sociedad pública de Industria, con 150 empleados) se presentó ante el juzgado al enterarse de que le buscaban. Entonces el sumario estaba bajo secreto y, ante la falta de datos sobre las imputaciones concretas, eludieron declarar, una práctica habitual en estas situaciones, según han señalado fuentes jurídicas.

Eludieron aportar su testimonio el 25 de junio, cuando se destapó el caso

Dicen no entender como se accedió a datos de Industria de sus terminales

Los datos conocidos hasta ahora indican que ha habido una vigilancia ilegal en los ordenadores de altos cargos de Industria. El presunto espionaje se ha centrado en Pedro García, el director técnico de Sprilur (la sociedad englobada en la SPRI que se dedica a la localización y compra de suelos para polígonos industriales) y se realizaba desde fuera de la sede de estas sociedades, emplazadas en la Plaza Bizkaia de Bilbao. Al parecer, se instaló un programa que permitía acceder a los datos desde el exterior. Aunque al principio se pensaba que podría haber una red organizada de espionaje político, las pesquisas realizadas apuntan más a un trama personal para obtener un lucro económico. La juez no ha imputado a más personas en el caso.

Los dos implicados están acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, que en este caso se trata de apropiarse de información de otras personas de índole económica para luego ser suministrada a terceros. Hasta que declaren ante el juzgado, Zubiaurre y el empleado de la SPRI mantienen un total mutismo.

Únicamente aseguran en su entorno más próximo que "no es cierta" ninguna de las acusaciones de espionaje y que "no entienden" cómo se se ha accedido a informaciones sobre Sprilur y la SPRI desde sus ordenadores personales. Zubiaurre e I.U. han coincidido en que las presuntas vigilancias no les reportan ningún beneficio. En el caso del comercial de la SPRI, ha llegado a comentar que, sobre la información que aparece como presuntamente espiada, puede acceder sin problemas por su trabajo en la sociedad pública, según las fuentes consultadas.

Las pruebas más concluyentes contra Antton Zubiaurre son las denominadas IP,que son los identificadores de cada ordenador. En las terminales de los altos cargos de Industria, aparecen varios IPs asociados al ordenador personal del ex director general de Sprilur y uno pertenece al otro imputado. El problema es que cada ordenador no tiene un IP fijo (salvo que el usuario, tras pagarlo, lo solicite) y su número varía debido a la gran cantidad de terminales que a diario se conectan a internet. En los documentos presuntamente espiados, hay un identificador localizado en Suiza, según las fuentes consultadas por este diario.

Los dos implicados sostienen, para proclamar su inocencia, que han tenido que ser víctimas de una trampa y que sus ordenadores han sido manipulados para implicarles.

Todas estas cuestiones deberán aclararse en el informe que, como adelantó ayer este periódico, está elaborando la Ertzaintza por encargo de la juez, en el que se analizan los discos duros y los correos de los ordenadores personales de Zubiaurre e I. U. Estos datos se cruzarán con los de los terminales de Industria supuestamente vigilados. Además, la juez ha solicitado otro informe a Microsoft, el fabricante del sistema operativo de los ordenadores, para que le explique si la información manipulada en los terminales de la consejería procede de los de los dos imputados.