Tiempo de reformas

Tras haber alcanzado máximos a principios de mayo y mediados de junio, en las últimas semanas hemos asistido primero a la estabilización y posteriormente a un descenso muy importante de las primas de riesgo de la deuda pública española respecto a la alemana, que ha actuado como refugio durante la crisis de deuda soberana europea. Difícilmente puede argumentarse que detrás de esta mejora en la confianza internacional sobre la economía española está la publicación de datos que hayan supuesto una sorpresa positiva en términos de la coyuntura económica a corto plazo. Si bien es cierto que los indicadores más recientes indican que el PIB habría vuelto a crecer en el segundo trimestre, el crecimiento seguirá siendo excesivamente bajo, lo que impide descartar una recaída transitoria en el tercer trimestre, consecuencia de las tensiones financieras observadas recientemente o de los efectos contractivos que, aunque limitados y transitorios en el tiempo, podrían tener las medidas de aceleración del ajuste fiscal aprobado en mayo.

Iniciadas las reformas, no hay que dejar el trabajo a medias ni caer en un peligroso conformismo

El ajuste fiscal aprobado es imprescindible, pero harán falta a partir de 2011 nuevos esfuerzos presupuestarios

Parece pues indiscutible que la mejora de la confianza en la economía española hay que buscarla en otros frentes. El primero de ellos es la constatación de que el sector privado está haciendo bien sus deberes. El intensísimo ajuste que han llevado a cabo las empresas [reducción de costes] y familias [aumento del ahorro] ha dado lugar a una importante disminución de las necesidades de financiación del sector privado, que está detrás de la rápida caída del déficit de la balanza por cuenta corriente, algo que no se observa en otros países europeos que partían con un desequilibrio similar.

El segundo frente es el de la aceleración de las reformas estructurales, las medidas de ajuste del sector público y la transparencia sobre el sistema bancario español. El reciente debate sobre el estado de la nación ha sido muy ilustrativo de la importancia que ha merecido, tanto para el Gobierno como para los partidos en la oposición, el cambio de política económica que se ha producido en los últimos meses.

Por lo que respecta a la estabilidad presupuestaria, la aceleración del proceso de consolidación fiscal adoptado en mayo, con medidas de reducción del gasto en lugar de aumento de impuestos, ha sido bien recibida por los mercados, que confían más en un ajuste inmediato y cierto mediante medidas que suponen claros sacrificios, que en las promesas de mayores ingresos públicos futuros mediante un aumento de la presión fiscal.

Aunque el ajuste fiscal aprobado es indispensable, serán necesarios nuevos esfuerzos presupuestarios particularmente de 2011 en adelante, tanto por parte del Estado como por las restantes administraciones públicas regionales y locales. Y para ello es necesario diseñar medidas con un equilibrio adecuado entre aumentos de ingresos y disminuciones de gastos. Por lo que respecta a estos últimos, debe evitarse una disminución excesiva de la inversión pública en infraestructuras, educación y en I+D+i, con efectos negativos sobre el empleo a corto plazo y el crecimiento a largo. En lugar de afectar negativamente la calidad en la provisión de ciertos servicios públicos esenciales, es preferible buscar fórmulas complementarias de financiación -por ejemplo, mediante copagos en sanidad y educación- que aumenten el porcentaje de financiación privada de estos servicios, como ya ocurre en otros países. De hecho, la redistribución de rentas en España se caracteriza por ser muy elevada entre los ciudadanos que pertenecen a la clase media y que perfectamente pueden sufragar una parte de los servicios públicos que reciben, al tiempo que no asegura una efectividad adecuada de los mismos en aquellos individuos que tienen mayor riesgo de exclusión social. En buena medida este resultado es consecuencia de que nuestra sociedad ha optado por una redistribución ex-post -mediante impuestos progresivos- bastante intensa en lugar de una redistribución ex-ante más eficaz y de políticas sociales específicas para colectivos de riesgo. Por lo que respecta al posible aumento de impuestos en 2011, y relacionado con la discusión anterior, debe tenerse en cuenta, y explicarse bien a la sociedad, cuál es la comparación internacional de nuestros tipos impositivos. Como indican las estadísticas recientemente publicadas por Eurostat, España tenía en 2008 un tipo implícito sobre las rentas del capital 6,7 puntos por encima de la UE y superior al de las rentas del trabajo -cuando en el resto de Europa pasa lo contrario-, mientras que la imposición sobre el consumo era, con diferencia, la más baja de toda la UE. Además, en España la ratio entre tipo el tipo marginal de las rentas del trabajo (43%) sobre el tipo medio efectivo (30,5%), que es una buena aproximación de la progresividad impositiva, se encuentra por encima de la que se observa en la UE (37,5% y 34,2%, respectivamente).

En cuanto a las reformas estructurales, se han creado muchas expectativas sobre la reforma del mercado de trabajo y la nueva Ley de Cajas de Ahorros. Respecto a la primera, dados los márgenes de mejora del Real Decreto aprobado por el Gobierno, es deseable que en la tramitación parlamentaria de la ley se logren los consensos para alcanzar una reforma suficientemente ambiciosa, que elimine las ineficiencias del mercado de trabajo actual. Al igual que otras medidas, una reforma del mercado de trabajo bien hecha, clara y convincente podría generar empleo a corto plazo al aumentar la confianza de los agentes económicos. Pero para que la reforma sea efectiva debe ser bien conocida en sus detalles, lo que requiere comunicar a todos y cada uno de los empleadores las ventajas y el alcance de los cambios que introduzca la nueva ley tras su tramitación parlamentaria. Por su parte, tras los resultados de las pruebas de esfuerzo, que han mostrado la resistencia y capacidad del sistema bancario español para hacer frente a escenarios estresados especialmente adversos, la nueva Ley de Cajas posibilita que estas entidades tengan acceso al capital privado que necesiten, lo que permitirá completar el necesario proceso de reestructuración del sector con la financiación adecuada.

Estas reformas, y otras que deben acelerarse en los próximos meses, deben estar bien diseñadas y ejecutadas con un seguimiento continuo, para que su efectividad sobre el crecimiento económico sea máxima, lo que permitiría reducir el endeudamiento público y privado de la manera más virtuosa. Y para ello, las reformas y las medidas de ajuste requieren un ejercicio de pedagogía muy bien hecho, no solo porque exigen esfuerzos para muchos ciudadanos, sino porque el conocimiento de sus detalles es imprescindible para que los agentes privados a quienes van dirigidas puedan obtener de ellas los mejores resultados.

En definitiva, una vez iniciado el camino de las reformas no podemos dejar el trabajo a medias, ni caer en un peligroso conformismo. Todavía queda mucho por hacer. Estamos dando los primeros pasos de algunas reformas importantes y no podemos bajar la guardia. La normalización de los mercados que se observa en estas últimas semanas podría revertir en cualquier momento si los inversores internacionales concluyeran que las expectativas que se están generando no acaban de cumplirse.

Rafael Doménech es economista jefe de España y Europa de BBVA Research