El Consell afronta graves dificultades para pagar los gastos corrientes

La alarma cundió en la sede oficial. El pasado día 20, funcionarios de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad recibieron a primera hora de la mañana el aviso de que hicieran copias de seguridad de la tarea que estaban realizando con el ordenador y que lo apagaran. También aparecieron carteles en los ascensores que recomendaban que se usaran las escaleras. Rápidamente, corrió el rumor entre los trabajadores de que Iberdrola iba a cortar la luz por impago. El corte no se produjo y la calma volvió al edificio de siete plantas que aloja, muy cerca del estadio de Mestalla, al consejero, Manuel Cervera, y sus directores generales. Fuentes de la consejería admitieron que ese mismo día hubo una reunión con representantes de la compañía eléctrica.

Dos estaciones de FGV en Benidorm sufrieron cortes de luz por impago

Una semana antes, el 12 de julio, Iberdrola cortó el suministro a las estaciones de tranvía de Terra Mítica y Benidorm, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Según el diputado socialista Francesc Signes, esa empresa acumula deudas de 1.130 millones de euros a proveedores, algo que no es fácil de comprobar porque la opacidad en el funcionamiento de esas empresas es notable.

También la semana pasada un operario de una compañía eléctrica se presentó en los juzgados de Llíria con la orden de cortar el suministro. Hubo sofocos, carreras, lamentos, incredulidad y llamadas a la dirección general de Justicia. Finalmente, la consejería, que debe, según los sindicatos, más de un año de facturas de servicios básicos, logró un aplazamiento y los juzgados, de momento, tienen luz.

Los problemas de liquidez de la Generalitat se han instalado en la agenda diaria. Así, 160 trabajadores temporales del Instituto Valenciano del Discapacitado (Ivadis), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, no habían cobrado la nómina de junio ni la paga extra. El problema se resolvió después de hacer pública la denuncia, aunque UGT indicó que, además de los trabajadores, a la empresa que se ocupa del catering en el Ivadis se le llegó a adeudar un millón de euros. El día 23 fue el turno de Ràdio Televisió Valenciana. La última hornada de 70 becarios que entraron hace casi dos meses aún no habían cobrado los 1.000 euros del mes de junio, según denunció CC OO.

Las tensiones financieras de la Generalitat no son ningún secreto -esta misma semana, la publicación de la cuenta general ha revelado que cerró 2009 con un déficit de tesorería de 1.500 millones de euros y más de 2.133 millones pendientes de pago- y afectan a todos los departamentos, aunque quienes pagan el pato son los proveedores, los contratistas, los usuarios y los servicios públicos en general. Los proveedores sufren retrasos de hasta dos años para cobrar de la Administración autonómica, como ha denunciado hace poco la diputada socialista Cristina Moreno. Los contratistas se han quejado en más de una ocasión. A finales de 2009, los promotores reclamaban cerca de 1.000 millones por certificaciones de obra pública. Entre los usuarios, destaca el caso de los padres de alumnos, que tuvieron que hacerse cargo a principio de curso del pago de los gastos de comedor escolar para que después la consejería modificara el régimen de funcionamiento.La valenciana es una de las administraciones más endeudadas de España. La más endeudada en términos porcentuales respecto al PIB (un 15,1%), y la segunda en cifras absolutas, con 15.356 millones de euros, según el Banco de España. Si el cálculo se hace a partir de los datos de la cuenta general, el retrato es todavía más negro, ya que la Generalitat Valenciana tiene gastos comprometidos que rondan los 30.000 millones de euros.

El gobierno de Francisco Camps y el PP valenciano aprobaron unos presupuestos autonómicos para 2010 de 14.393 millones de euros que, por primera vez, eran superados por la deuda autonómica. El PP presumió de presupuestos sociales con recorte de impuestos, pero se preocupó también de establecer, en la Ley de Acompañamiento, la caja única para poder hacer frente a los problemas de tesorería que venía arrastrando. Sonado fue el caso de los abogados de oficio, que llegaron a hacer manifestaciones para conseguir que la Generalitat les pagara. Las universidades valencianas, que se ven obligadas a recurrir a préstamos para hacer frente a las nóminas, vieron cómo la Consejería de Educación les pagaba los retrasos in extremis el pasado mes de enero. A lo largo de estos últimos meses, la opinión pública ha asistido atónita a la protesta de las sociedades musicales, que no han dudado en sacar a las bandas de música a la calle para protestar por los recortes del 35% en las aportaciones que recibían del Consell.

La Consejería de Sanidad es un ejemplo de los problemas del Gobierno de Camps para hacer frente a los gastos corrientes. Según los cálculos de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que agrupa a medio millar de compañías, la Generalitat tarda en pagar a las empresas que le sirven productos una media de 402 días, muy por encima de la media estatal de 276. Pero, además de pagar tarde, debe mucho más dinero que el resto de las autonomías. Sólo tiene por delante a Andalucía. Muchas empresas han acudido a los tribunales para reclamar a la Administración que liquidara su deuda. Entre los años 2006 y 2009, Sanidad sumó 576 condenas por no haber pagado 193.614 facturas. La cifra total adeudada y que ha tenido que pagar por sentencia firme ascendió en este periodo a 424,8 millones de euros, a los que hay que sumar otros 51,9 en intereses de demora, lo que representa 476,7 millones. Esta cantidad es superior al coste del megahospital de 1.000 habitaciones individuales que la Generalitat ha construido en el barrio de Malilla de Valencia y que tomará el testigo a partir del mes de octubre a la antigua ciudad sanitaria La Fe. Un megahospital que tiene problemas también con el concurso de mobiliario porque no es fácil encontrar a alguien que quiera asumir el coste de un contrato tan grande sin saber cuándo va a cobrar.

Buena parte de estos problemas tienen que ver con el déficit endémico en Sanidad, especialmente grave en la Comunidad Valenciana. Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada presentado a finales del año pasado reflejó que la Generalitat fue la responsable entre los años 2003 y 2007 del 25% de toda la deuda estatal del área sanitaria. Los números rojos acumulados por la Administración valenciana durante este periodo (el más reciente del que se dispone de datos) alcanzaban los 2.764 millones de euros frente a la suma de los distintos déficits autonómicos, que ascendió a 10.843 millones. El estudio mostró cómo la Generalitat había incurrido en un exceso de gasto del 13% respecto a sus presupuestos, el doble de la media española. Las denominadas facturas en el cajón ascendían, según la Sindicatura de Comptes, a 846 millones hasta 2004.

Otra de las parcelas en la que la falta de liquidez persigue a los gestores es la relativa a los servicios sociales. El hecho de que la financiación de la Ley de Dependencia sea compartida por las autonomías y el Gobierno se ha traducido en una ralentización de su puesta en marcha en la Comunidad Valenciana para no tensar más el delicado estado de las cuentas públicas. Distintos indicadores refuerzan esta tesis. La Comunidad Valenciana ha estado siempre por debajo de la media estatal en la tramitación de las solicitudes de este tipo de ayudas. Pero, además, es de las que más tarda en proporcionar las prestaciones una vez reconocido el derecho de las personas a percibirlas. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad y Política Social, mientras ya hay reconocidas 76.828 personas con derecho a recibir ayudas de la Dependencia, solo las perciben de forma efectiva 46.094. Las 30.734 restantes llevan entre tres y seis meses esperando que la Generalitat pague su prestación por cuidados familiares, la ayuda a domicilio o el servicio al que tienen derecho.

Otro ejemplo es el de las subvenciones a asociaciones de salud mental, unas entidades que gestionan buena parte de la atención a estas personas a través de casas tuteladas, centros de rehabilitación, centros de día o de capacitación laboral. Como apunta el presidente de la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Julián Marcelo, nunca se había tardado tanto en pagar las ayudas (básicamente nóminas del personal y otros gastos de funcionamiento). El grueso de las ayudas correspondientes a 2009 no se liquidó hasta el mes de junio en muchas de las entidades, lo que las puso al borde de la desaparición.

El área de educación tampoco se ha salvado. Los tres sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública (STEPV, CC OO y UGT) han amenazado con una denuncia ante la Fiscalía si el Consell ejecuta su amenaza de recortar los presupuestos en unos 75 millones de euros. Los recortes afectarán, entre otros, a los profesores de apoyo y de refuerzo y a los de formación profesional. La masificación en las aulas alcanzará los 35 alumnos por clase, debido a la negativa de la consejería a enviar más profesores y crear dos grupos por cada clase con un exceso de alumnos.

La falta de dinero es evidente. El mantenimiento de las sedes judiciales, por ejemplo, es mínimo. En la Ciudad de la Justicia de Valencia, no se arreglan averías en los baños, no se reponen pestillos, pasan semanas hasta que un fluorescente o una bombilla que no funcionan son cambiados, los juzgados y la Fiscalía han pasado más de un mes sin reposición de folios, porque el proveedor lleva más de un año de facturas sin cobrar... Los sindicatos denuncian que la Consejería de Justicia deja sin pagar a un proveedor y convoca concurso para ese mismo servicio al que se presenta un proveedor distinto con el que empieza a contraer otra deuda. Se extrañan de que los juzgados no estén llenos de reclamaciones no sólo por el pago pendiente sino por la "estafa" que supone contratar a sabiendo que no vas a poder pagar en el plazo acordado.

Lo más grave y visible es la reducción del personal interino, que desde hace algo más de un año se ha reducido en un 40%, según fuentes sindicales. La mayoría de los servicios (como los refuerzos en los juzgados de Violencia, en los juzgados de Ejecutorias, en los de Mercantil o en la propia Fiscalía) se renovaban cada seis meses. Ahora, se renuevan cada cuatro, dejando dos meses sin cubrir. Ello significa que los juzgados no pueden disponer de los recursos mínimos para funcionar. Hace unos días el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, se quejó públicamente de la situación.

Pero hay otras asistencias que la consejería de Justicia se retrasa en pagar: el turno de oficio, cuyo importe asciende a una veintena de millones de euros anuales, es una de ellas. Ante el coste que supone, la consejería se propone introducir modificaciones que reduzcan el universo con derecho a asistencia gratuita, mientras el Colegio de Abogados se prepara para una nueva reclamación por impago.

Información elaborada por Adolf Beltran, Jaime Prats y Lydia Garrido.