CC OO y UGT aplauden la política de empleo de Feijóo pese a subir el paro

Fue un acto revestido de solemnidad en el Pazo de Raxoi, aunque sin el despliegue de medios de la época del bipartito. Cinco conselleiros, la cúpula de la patronal y los secretarios generales de Comisiones y UGT arroparon ayer con su presencia los acuerdos del diálogo social en Galicia. Sobre la mesa, un extenso documento -del que Traballo no facilitó más que un escueto resumen de cuatro folios-, con los compromisos para la legislatura. Poco antes se conocían los datos de la EPA, que las centrales se apresuraban a calificar como "muy negativos y preocupantes" para Galicia, con un aumento de 1.200 desempleados en el segundo semestre y una tasa que escala una décima, hasta del 15,6%.

Con más de 200.000 parados, unos presupuestos autonómicos menguantes por segundo año y a dos meses de la huelga general, Xosé Antonio Gómez (UGT) y Xosé Manuel Sánchez Aguión (CC OO) comparecieron sonrientes al lado de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, y del presidente de la CEG, José Antonio Fontenla, para explicar un pacto "que nace de la responsabilidad de los agentes sociales, del compromiso de las organizaciones sindicales", en palabras de Gómez.

No se hurtaron elogios: el presidente de la Xunta apeló a la "generosidad" de las centrales y la patronal; Fontenla destacó que Galicia "da ejemplo al resto de España"; y Aguión se refirió a la "consolidación", del diálogo social en Galicia ante un contexto económico "que es necesario cambiar".

En un momento en que 35.000 familias gallegas tienen a todos sus miembros en paro, cuando a 90.000 personas se les ha agotado la prestación, y más de 50.000 son parados de larga duración, los sindicatos gallegos (CIG no participó en el proceso abierto por el bipartito y sigue sin hacerlo ahora) resumen en 15 acuerdos sectoriales sobre empleo, competitividad, infraestructuras, bienestar y cohesión social sus alternativas. Ninguna de las medidas firmadas tiene un respaldo presupuestario concreto, más allá de la aproximación que hizo Feijóo de que consumirán 1.000 millones de euros hasta 2013, además de mover en inversiones otros 400 millones a través del Igape.

El documento incluye medidas que el PP ya tenía en su programa electoral, como la reforma del Servicio Galego de Emprego, y otras que forman parte de su eje político, como el Plan de Ordenación del Litoral. Otras, como la reforma de la Renta de Inserción, ya estaban anunciadas.Pese a los abrazos y las manos unidas frente a las cámaras, la firma de ayer provocó un monumental enfado en buena parte de la militancia de las dos centrales. Voces de destacados cargos en ambos sindicatos admiten no comprender ni el fondo ni la forma. "Estoy desconcertado por no decir otra cosa", aseguraba ayer un miembro de una de las ejecutivas. Porque, en el mano a mano con los agentes sociales, Feijóo ha conseguido un respaldo muy importante justo ahora, después de anunciar un recorte histórico en los presupuestos autonómicos de 2011, que se va a dejar sentir con toda seguridad en los servicios sociales. Y lo logra cuando en la mayoría de las comunidades gobernadas por el PP las centrales se niegan en redondo a pactar.

"Son acuerdos innecesarios, no tanto por el momento político sino por sus contenidos", se irritaba ayer un militante que ponía de manifiesto contradicciones: "Han colado como un logro la firma del Plan del Litoral, desligándolo de un Plan de Ordenación del Territorio. Recordemos que el Partido Popular fue el que se cargó la prohibición de construir a 500 metros". Algunos delegados que participaron en las mesas de diálogo social con el anterior Gobierno atacan que el PP haya recibido "un balón de oxígeno innecesario". "Sabemos que se están cargando acuerdos que habíamos adoptado con el bipartito y que eran buenos", añaden las mismas fuentes.

De puertas afuera se cierran filas. José Domingo Barros, secretario de Emprego de UGT, defiende que el consenso ha sido posible porque "la nueva Xunta aceptó la mecánica" que habían acordado con el bipartito. Barros asegura que se han conseguido "avances importantes", y destaca los incentivos a la contratación indefinida para que los empresarios transformen contratos temporales. "Son medidas que funcionan. Además, todos los acuerdos llevan aparejados indicadores de evaluación".

En términos parecidos se pronuncia la responsable del gabinete técnico de Comisiones, Maica Bouza: "En la reforma del servicio de empleo, cuando desde Madrid se habla de dar entrada a mediadores privados, esta Xunta ha ido más allá al asumir su carácter público de principio a fin", defiende.

Los empresarios, por su parte, están satisfechos por haber obtenido de la Consellería de Economía compromisos claros para inyectar liquidez en las empresas a través del Igape.

Otro gallo cantó entre las filas socialistas. Tradicionalmente cercanos a UGT (el ex conselleiro de Traballo, Ricardo Varela, es un militante histórico), algunos dirigentes pusieron el grito en el cielo. Fue la propia dirección del PSdeG la que mostró su "sorpresa y decepción", por el acuerdo firmado delante de un escenario laboral que califican de "alarmante".

Con todo, el titular de la Xunta lleva ya dos importantes hitos en su programa de gobierno plasmados en fotos parecidas. El primero, el gran apretón de manos que tuvo lugar a la vuelta de Semana Santa entre los responsables de las cajas tras una lucha poco disimulada. En esta segunda instantánea ha puesto en comunión a la patronal y los sindicatos a las puertas de un otoño caliente. "¿Cuándo íbamos a firmar?", se preguntaba ayer un sindicalista, defensor del acuerdo. "En septiembre, con la huelga general, no vamos a trabajar en procesos de concertación social con ningún gobierno. Y en octubre va a haber tortas con la Xunta por el recorte de los presupuestos". "Este proceso tiene luz y taquígrafos. Y además, las fotos se olvidan pronto", añadió.

Entre toda la literatura que destilan los acuerdos, Feijóo volvió sobre algunos de sus planes estrella, ahora refrendados por los agentes sociales. Entre ellos está el de crear "25.000 puestos de trabajo" entre 2010 y 2013 para acabar con la "lacra", del desempleo a través de la política social. Es el mismo anuncio que hizo en marzo, aunque por aquel entonces mencionó que serían 30.000 empleos.