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Tribuna:

La desidia municipal y la ZAS de Ciutat Vella

Que en la ciudad de Valencia muchos vecinos padecemos un problema de ruido realmente grave no es una novedad sino, más bien, un hecho cierto, conocido y sorprendentemente asumido por casi todos. Con ser una situación vergonzosa, más lo es, si cabe, que el propio Ayuntamiento de Valencia sea uno de los actores a los que resulta más cómoda la contemplación pasiva de esta realidad que la adopción de medidas para atajar la inaceptable contaminación acústica que azota a la práctica totalidad de la ciudad.

A pesar de la existencia de normas europeas, estatales, autonómicas e incluso del propio Ayuntamiento que se incumplen reiteradamente el gobierno municipal lleva años sin hacer nada. Como consecuencia, claro, se suceden condenas judiciales. En el caso de Ciutat Vella, Amics del Carme ha logrado que se condene a un Ayuntamiento -una vez más- que llevaba años negando, contra toda evidencia, la existencia de problema alguno. Si surrealista era este enroque, más grave y lamentable es aún lo que ha venido después: llevamos más de un año "en período de consultas" con la única intención de dilatar la adopción de las medidas correctoras a que las leyes y los jueces les obligan.

En estos casos, cualquier incumplimiento es directamente achacable a la desidia municipal

Recordemos, pues, algunas ideas básicas: si un local no tiene licencia, dice la ordenanza, se ha de cerrar. Si un local por sistema no cierra a su hora, dice la ordenanza, se ha de cerrar. Si un local no tiene permiso (ni las instalaciones debidamente acondicionadas) para tener ambientación musical, si un local ocupa sin permiso (o se excede al hacerlo) la vía pública, si instala publicidad ilegal de bebidas alcohólicas o las vende en mostrador para que la gente haga botellón... lo mismo.

Pero todas estas medidas no son propuestas que deban incorporarse, introduciendo nuevas restricciones en la regulación vigente, a las acciones derivadas de la declaración judicial como ZAS del Carme. Son, simplemente, el derecho vigente que, de modo reiterado, un gobierno municipal secuestrado por la mafia del ruido y del copazo, se obstina en obviar. No es aceptable tal exhibición de incapacidad municipal para disciplinar conductas y atajar problemas respecto de aquellas actividades, como son las relacionadas con la hostelería y el sector del ocio nocturno, que funcionan fuertemente disciplinadas, reguladas intensamente por el Ayuntamiento y sujetas, para poder operar legalmente, a una autorización administrativa. En todos estos casos, cualquier incumplimiento es directamente achacable a la desidia municipal.

Además, al hilo del surrealista "proceso de negociación" abierto con los generadores de ruido por parte de la autoridad que debería impedirlo se están trasladando a la opinión pública, en las últimas semanas, ideas aberrantes que conviene denunciar y combatir. Hay que rebelarse contra la peregrina idea de que esta situación de descontrol es beneficiosa para la ciudad y para sus vecinos. Porque así "podemos divertirnos todos sin cortapisas" y, además, "se genera un beneficio económico para la ciudad". Tales argumentos, de una escandalosa inmoralidad subyacente (justificar la bondad de una actividad que perjudica gravemente derechos fundamentales como la salud o el descanso de otras personas para que así unos pocos se lucren es simplemente indecente) son además falsos. A nadie perjudica en su supuesto "derecho a la fiesta" el que la diversión deba realizarse sin molestar a los demás. Y, por supuesto, los pretendidos beneficios económicos derivados para la ciudad del modelo de "ocio basura" que se ha logrado imponer, a base de emborrachar turistas que vienen atraídos por una oferta de garrafón y salvajismo, no son tales. Se los quedan cuatro, obtenidos a costa de los demás, de la imagen de la ciudad, de su patrimonio cultural y de otras alternativas de ocio y hostelería de calidad, que inevitablemente está llamada a desaparecer frente a una competencia que no invierte en locales, ocupa la vía pública como extensión del local, no tiene licencia, no cierra a la hora, no insonoriza, ... ¡ni falta que le hace!

Más allá de estos pocos aprovechados, a los demás, y a la ciudad en su conjunto, no nos conviene que la desidia municipal se perpetúe. Tampoco a los hosteleros honrados, que cumplen la ley y tratan de ofrecer un producto de calidad. Urge, por ello, exigir al Ayuntamiento que deje de hacer el ridículo y de obedecer ciertos mandatos oscuros y espurios para pasar a subordinar su actuación a intereses que sí merecen ser protegidos: el cumplimiento de sus propias normas, de los mandatos de los jueces y, sobre todo, de las demandas de los vecinos y sus derechos constitucionales.

Andrés Boix Palop es vecino de Ciutat Vella y profesor titular de Derecho Administrativo de la Universitat de València-Estudi General.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 29 de julio de 2010