El PP reabre el frente judicial en Vital para impedir el relevo en la presidencia

Como preludio de la asamblea general de mañana, que iniciará el proceso para designar al ex viceconsejero Carlos Zapatero como máximo dirigente de Caja Vital, el Partido Popular reabrió ayer el frente judicial en torno a la presidencia de esta entidad para impedir el nombramiento. La formación acudió ayer al Juzgado de Primera Instancia de Vitoria, el primero que sentenció que la reelección de Gregorio Rojo como presidente era nula antes de que la Audiencia Provincial de Álava ratificara parte del fallo, para exigir la ejecución de la sentencia. Esto supondría, según interpretan los populares, que los tres miembros del consejo de administración cuya candidatura fue anulada por la justicia serían reemplazados por tres miembros de la plataforma Vital sí, vinculada al PP.

La caja entiende que las candidatos anulados ya han sido reemplazados

Los populares no esperan que el juez resuelva antes de septiembre

La caja alavesa entiende que el fallo judicial ya ha sido cumplido tras la salida de los tres afectados por la sentencia de la Audiencia: Gregorio Rojo dejó la presidencia tras conocerse el fallo, el ex diputado foral Alfredo de Miguel dimitió tras su imputación por participar en una supuesta trama corrupta que salpica al PNV alavés; y Adolfo Bruno Otxoa abandonó su puesto tras cumplir los 70 años. La plaza de Rojo será ocupada mañana por Zapatero, mientras que De Miguel fue reemplazado por el consejero de Interior, Javier Balza, y Otxoa fue relevado por Fernando Velasco, de EA. La entidad financiera añade que los relevos se dieron en asambleas en las que los populares presentaron a sus candidatos y no consiguieron la mayoría.

Fuentes populares explican que no esperan una respuesta de la justicia antes del mes de septiembre u octubre, por lo que la situación de interinidad del que previsiblemente será elegido nuevo presidente de Vital se prolongará hasta entonces. Además, aunque el PP quiere centrarse sobre todo en este frente judicial, no descartan impugnar la asamblea del jueves para cambiar el equilibrio de fuerzas propiciado por el pacto PSE-PNV para repartirse el control de los órganos de gobierno.

Por su parte, la comisión de garantías de Caja Vital, compuesta por miembros del PSE y PNV, ha dado el visto bueno a la entrada de Zapatero en el consejo de administración. Esto no impide que los abogados del PP sigan mirando con lupa si el nombramiento de un ex viceconsejero de Trabajo como presidente de Vital se ajusta a la nueva Ley de Cajas, publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 13 de julio. El texto dice que los altos cargos autonómicos deberán esperar al menos dos años antes de integrarse en un órgano de gobierno de una caja de ahorros si hubiesen dictado alguna resolución relacionada con este tipo de entidades financieras. En el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales no consta que se haya dado este caso.

El PP reclama por la vía judicial la entrada en el consejo de Administración de Juan Antonio Zárate, Javier Maroto y Ainhoa Domaica. "Ha existido un margen de tiempo más que suficiente para el cumplimiento voluntario de la sentencia, que no se agota con la dimisión de Gregorio Rojo", sostuvieron los populares en un comunicado. "Los nombramientos que se pretenden contravienen la legislación vigente y el espíritu de las dos sentencias que los tribunales han dictado en este asunto", añadió la formación.

En paralelo, el Ejecutivo autonómico ratificó ayer el cese de Zapatero como viceconsejero. Si se cumple el guión previsto, será nombrado mañana miembro del consejo de administración. En una reunión posterior, el consejo le nombraría presidente.