Revuelta docente por las comisiones de servicio

Educación recurre a la policía frente a los profesores contrarios al recorte

Un furgón de policía hacía guardia ayer en el jardín de la Consejería de Educación. Cuatro agentes protegían el departamento de Personal. Más de un centenar de profesores muy cabreados bloqueaban el pasillo y la puerta de acceso. ¿El motivo? Primero, el radical recorte de plazas de comisiones de servicio, que han pasado de 5.000 a poco más de 2.000 para el próximo curso, según cálculos sindicales. Segundo, la falta de transparencia en torno al proceso de adjudicación. "Nadie sabe por qué las dan ni por qué no las dan. Ni siquiera hay una lista de denegados. Gente como yo, con problemas físicos y niños pequeños a cargo, tendremos que irnos a trabajar a 200 kilómetros. Nadie nos recibe. Nos tratan como a animales. Resolvieron 3.000 reclamaciones en 24 horas... ¿Cómo puede ser? Porque no se las miraron", decía María Cristina Monzonís, profesora de Informática.

El departamento de Font de Mora ha recortado 3.000 de las 5.000 plazas
"Nadie sabe por qué las dan ni por qué no las dan", se queja una profesora

La comisión de servicio es una figura discutida, pensada en su día para casos especiales (un profesor que además es concejal en su pueblo), fue ampliándose a más supuestos (situaciones familiares, sociales o de salud difíciles) hasta alcanzar un gran volumen de docentes.

La protesta de ayer no la organizaron los sindicatos, que se unieron a la concentración a lo largo de la mañana. Surgió de la acción individual de decenas de profesores que se acercaron a la consejería que dirige Alejandro Font de Mora para que alguien les explicara por qué después de tres años de comisión de servicio en un instituto de Valencia ahora los mandan a Torrevieja. O por qué, tras aceptar el traslado desde Cataluña a Xàtiva de una pareja de docentes valencianos (padres de tres críos), ahora a él (Carles Gómez) lo envían de vuelta a Girona. O por qué, teniendo un niño con una enfermedad grave, que requiere atención regular en un hospital determinado, ahora el padre tiene que irse a trabajar (y a vivir) a la otra punta de la comunidad autónoma.

Educación aceptó, tras cuatro horas de protesta, recibir a los profesores (en grupos de 10) para comunicarles que pueden presentar recursos, que se resolverán más o menos en septiembre.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 27 de julio de 2010.

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