China quiere ejecutar menos

China ha dado un nuevo paso encaminado a reducir el número de penas de muerte. La Asamblea Popular Nacional iniciará el mes que viene la revisión de la actual Ley Criminal, con objeto de disminuir la cifra de delitos que pueden conducir al castigo máximo.

Actualmente, 68 crímenes son punibles con la pena capital, la mayoría no violentos. Entre ellos figuran corrupción, contrabando, proxenetismo, fraude fiscal, falsificación de moneda y otros con definiciones tan vagas como "poner en peligro la seguridad nacional", "entregar secretos de Estado al extranjero" y "dividir la nación". Incluso matar un oso panda puede llevar a la inyección letal o la bala en la nuca, los dos métodos utilizados habitualmente por Pekín.

China es el país que más personas ejecuta en el mundo, un triste título por el que ha recibido repetidas críticas de organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros. Aunque el número de ajusticiados se desconoce, por ser considerado secreto de Estado, Amnistía Internacional (AI) estima que son "varios miles" al año; la mayoría, según el Gobierno, por asesinato, asalto armado y tráfico de drogas, pero también por corrupción. El segundo país que más personas ejecutó el año pasado fue Irán: al menos 388, según AI. Esta y otras organizaciones aseguran que los juicios que conducen cada año al pasillo de la muerte a miles de presos en China están repletos de irregularidades, errores y confesiones extraídas mediante tortura. Además, no hay independencia judicial, ya que los magistrados están al servicio del Partido Comunista Chino.

Para intentar remediar en parte esta situación y mejorar su imagen en el exterior, Pekín impuso en 2007 la obligatoriedad de que todas las sentencias a muerte sean ratificadas por el Tribunal Supremo, lo que, según algunos observadores, ha reducido automáticamente el número de penas dictadas por los tribunales provinciales. Según las estadísticas judiciales, "alrededor del 10%" de las condenas revisadas por el alto tribunal quedan en suspensión de sentencia o cadena perpetua.

Liu Renwen, experto en Derecho en la Academia de Ciencias Sociales China, argumentaba ayer en el diario oficial China Daily que, aunque 44 de los 68 crímenes capitales son de naturaleza no violenta, "no es práctico abolir la ejecución para los 44, ya que la corrupción, por ejemplo, está muy extendida en China y tiene un grave impacto social". Según la actual Ley Criminal, los condenados por aceptar sobornos de 100.000 yuanes (11.400 euros) o más pueden ser ejecutados, si bien hoy en día no se dicta la pena máxima por esta cantidad. Pekín está estudiando también prohibir la pena capital a personas de 70 años o más.

Las autoridades chinas quieren circunscribir la pena de muerte a crímenes que tengan "graves consecuencias sociales". El objetivo último es suprimirla algún día, en consonancia con la tendencia inexorable en todo el mundo. Pero insisten en que, de momento, la pena capital sigue necesaria, dadas "las condiciones" del país. Entre tanto, han decidido ejecutar menos. Pero sin que nadie sepa cuánto menos.