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Los partidos pactan limitar a las televisiones privadas en campaña

PSOE y PP cierran una fórmula para regular telediarios, debates y entrevistas

La Junta Electoral podrá controlar la proporcionalidad de la información que den las televisiones privadas sobre las campañas electorales, según el acuerdo que cerraron ayer los principales partidos, encabezados por el PSOE y el PP. Será la primera vez que la Ley Electoral haga referencia expresa a las televisiones privadas, con un tratamiento similar al de los medios públicos. Ahora esa ley no dice nada de las televisiones privadas y quedaban al margen de esa proporcionalidad que sí se le impone a las televisiones públicas.

Los partidos se han basado en una ley de 1988 que nunca se ha aplicado. La Ley Orgánica 2/1988, de 3 de mayo , Reguladora de la Publicidad Electoral en emisoras de Televisión Privada, que señala en su artículo único que "el respeto al pluralismo y a los valores de igualdad en los programas difundidos durante los periodos electorales por las emisoras de televisión privada objeto de concesión quedarán garantizados por las Juntas Electorales en los mismos términos previstos en la legislación electoral para los medios de comunicación de titularidad pública".

La Ley Electoral incluirá por primera vez referencias a medios privados

Sobre esta base, PSOE y PP han trabajado en los últimos meses para buscar un acuerdo que les permita imponer controles a las televisiones privadas. Inicialmente, los socialistas llegaron a proponer que emitieran espacios gratuitos idénticos a los de las públicas. El PP rechazó al final esa posibilidad.

Las televisiones no pueden emitir publicidad electoral de pago, según esa misma ley de 1988, a diferencia de lo que ocurre con las emisoras de radio.

Hace un mes, la subcomisión que ha estudiado durante meses la reforma de la Ley Electoral aprobó en la Comisión Constitucional un dictamen con sus trabajos, pero dejó sin aprobar este artículo, al no haber encontrado una redacción adecuada.

Anteayer, el socialista Txiki Benegas y el popular José Antonio Bermúdez de Castro cerraron finalmente un acuerdo que ha sido trasladado a los otros partidos, que lo han aceptado.

El texto acordado asegura: "Durante el periodo electoral, las emisoras de televisiones privadas deberán respetar los principios de pluralismo e igualdad. Asimismo, en dicho periodo las televisiones privadas deberán respetar también el principio de proporcionalidad y neutralidad de sus informativos, en los debates y entrevistas electorales, así como en la información relativa a la campaña electoral de acuerdo a las instrucciones y resoluciones que a tal efecto dicte la Junta Electoral".

Es decir, si una cadena de televisión privada quiere emitir entrevistas electorales, deberá estar sujeta a criterios de proporcionalidad, teniendo en cuenta los resultados de los anteriores comicios. También su información sobre la campaña deberá seguir esa proporcionalidad y, también, los debates, según las instrucciones de la Junta Electoral.

Esta Junta Electoral quería incluso ir más allá y en el informe que remitió a la subcomisión proponía que se obligara a las televisiones privadas a remitir al inicio de las campañas electorales un plan completo con las entrevistas, los debates y un esquema de la información previsto.

Ahora, ya después del verano, este dictamen de la Comisión, con este artículo incorporado, será convertido en una proposición de ley para que se tramite en el Congreso y el Senado. La intención es que la reforma legal sea aprobada antes de final de año.

Los partidos esgrimen que dos sentencias del Supremo, de 1996 y 2009, permiten aplicar esa proporcionalidad a las cadenas privadas. La primera resolvía un recurso de IU contra los debates en Antena 3 y Telecinco entre los candidatos del PSOE y el PP.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de julio de 2010