Los socialistas intentan salir al paso de sus errores

El último pleno parlamentario del curso político celebrado ayer se desarrolló en tres actos con un argumento común: el reconocimiento por parte de los socialistas de errores cometidos en los últimos meses bien por meteduras de patas propias o por decisiones ajenas. Si no fue un acto de contrición, se le pareció mucho. Lo vino a reconocer el vicesecretario general del PSOE, Rafael Velasco: "Los socialistas damos la cara a las duras y a las maduras. No nos ponemos de perfil".

Primer acto: Aprobación de la ley de Aguas. El Parlamento aprobó en mayo pasado una ley sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía que era un monumento a la incoherencia, porque los diputados socialistas -inducidos por la orden equivocada de su portavoz adjunto-, votaron a favor de 26 enmiendas del PP cuando lo previsto era que las rechazaran. Dos meses después, los socialistas han enmendado su error y también han aprovechado para eliminar las referencias a la Agencia Andaluza del Agua, el organismo encargado de gestionar estas competencias. Esta agencia va a desaparecer como tal al fusionarse con Egmasa. A efectos prácticos, el engorro de aprobar dos leyes sobre el mismo asunto en tan poco tiempo no ha supuesto ningún retraso en su aplicación.

Segundo acto: Recortes sociales. A petición propia y del resto de los grupos, la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, tuvo que emplearse muy a fondo para explicar que lo que el PP llama recortes sociales para 2011 no son sino "ejercicios de planificación estimativos" y "planes de reequilibrios provisionales". Los dos llevan razón. Aguayo presentó un documento el 11 de junio -aprobado cinco días después- al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en el que detallaba el plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta de Andalucía desde 2010 hasta 2013. En la parte referida a 2011, Hacienda prevé una "adecuación temporal" de la puesta en marcha de nuevas prestaciones y servicios en función de las disponibilidades presupuestarias. Detallaba retrasos en sanidad, educación, guarderías y universidad. En un cuadro adjunto a ese documento y bajo la denominación de "Recortes sociales" estos se cuantificaban: 1.266,40 millones de euros.

El error de Aguayo fue que no lo comunicó al Parlamento, la mayoría de sus compañeros de Gobierno tampoco lo sabía y que, para colmo, el contenido de la propuesta lo desveló el jefe de la oposición, Javier Arenas, en un pleno del Parlamento. La consejera de Hacienda acusó ayer al PP de "manipulación obscena" y "tergiversación", mientras Arenas exhibía desde su escaño el documento de la Junta. Aguayo dejó dicha una frase que le compromete con vistas a los presupuestos de 2011: "No daremos ni un paso atrás en políticas sociales; las haremos al ritmo que nos lo podamos permitir, pero avanzando".

Tercer acto: Cajas de ahorros. El consejero de Economía, Antonio Ávila, compareció para explicar las repercusiones de la reforma de la Ley Orgánica de Cajas de Ahorros (Lorca) pactada por las direcciones nacionales del PSOE y PP, al margen de los Gobiernos autónomos y de las direcciones políticas regionales. Tanto Diego Valderas (IU) como Antonio Sanz (PP) reprocharon al Ejecutivo de Griñán la falta de peso político no sólo en la cocina de este importante cambio legal, sino por la marcha de CajaGranada del proyecto de gran caja andaluza y de la venta de la intervenida Cajasur a BBK. El PP se movió entre el amagar y no dar, porque sus consejeros en la caja de Granada, como también los socialistas, son firmes partidarios de mirar hacia fuera en vez de hacia el sur. También porque hay consejeros del PP, como del PSOE y de IU expedientados por el Banco de España por la gestión de los dos últimos consejos de administración de Cajasur. Y además, socialistas y populares están de acuerdos en dar entrada a capital privado hasta el 50% en las cajas de ahorros en una reforma en la que se abre la puerta a su privatización total.

Ávila tendió la mano a la oposición para pactar la adaptación de la ley andaluza de cajas a la Lorca en los próximos meses. Y negó un fracaso del Gobierno: "Hemos trabajado por una solución andaluza a pesar de que estaba fuera de nuestras competencias. El fracaso hubiera sido no intentarlo".