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Inclán asegura que no existe ninguna "trama" en el 'caso Margüello'

El PNV denuncia que Elorriaga no pudo presentar alegaciones al TVCP

"Sanidad no ha depositado en la Fiscalía nada sobre ninguna trama". El ex consejero, Gabriel Inclán, descarta la red de relaciones entre empresas sanitarias, médicos del Servicio vasco de Salud y anomalías en los contratos de las compañías con Sanidad. El informe con el que el Tribunal de Cuentas ratifica las irregularidades en la contratación de servicios de Osakidetza en anteriores legislaturas, se publicó ayer con las alegaciones de los principales implicados en el caso Margüello, de las que la mayoría no han sido asumidas en el estudio.

El análisis fue aprobado con el apoyo de todos los componentes del tribunal, excepto una de las asignadas por el PNV, Begoña Marijuan, que emitió un voto particular en el que pide que se reelabore. El informe detalla las irregularidades, que pasan por aumentos injustificados de tarifas, procedimientos de adjudicación de contratos inadecuados y prórrogas que rebasan los límites establecidos.

Sanidad recalca que las irregularidades se cometieron desde 2004
El informe tuvo un voto en contra, el de la vocal designada por los nacionalistas

Las alegaciones de Inclán, las más extensas, niegan las anomalías detectadas. El ahora facultativo en Cruces critica la "sumamente cuestionable actitud" de Sanidad y justifica los procedimientos de emergencia empleados para contratar con un mandato del Parlamento para reducir las listas de espera y los incrementos de tarifas con ampliaciones de los servicios. El también ex consejero Iñaki Azkuna explica en sus alegaciones que las revisiones de precios se realizan cada año. La Oficina de Control Económico reconoce que prórrogas de Medical Dom eran legales porque aún no existía el decreto que limitaba las ampliaciones a cinco años. Aplicar la retroactividad supondría suspender muchos conciertos.

Las incompatibilidades de los tres médicos de Osakidetza vinculados a las empresas investigadas, José Carlos Margüello, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga, también son ratificadas por el tribunal. Eso sí, su informe final dulcifica el apartado de la nulidad de los contratos por esta causa. El tribunal apunta ahora que las contrataciones "pueden ser calificadas como nulas". Los implicados niegan incompatibilidades porque no eran administradores de las empresas. El TVCP recuerda que esto no es necesario, ya que la ley lo prohíbe también en empresas donde "sus propietarios o trabajadores incurran en incompatibilidad".

Margüello, Climent y Zubiaga señalan en sus alegaciones que, de aplicarse, esta máxima generaría la incompatibilidad de todos los médicos que ejercen en el ámbito público y el privado. Los tres piden "una interpretación más cabal de la legislación" y limitan su participación en las empresas a un mero asesoramiento. Margüello también señala que es "irrelevante" su puesto como consejero en Progenika -desde 2004- porque según él esta compañía no contrataba con Sanidad -aunque lo hizo en 2007-.

Por su parte, Climent y Zubiaga recuerdan que un informe de Sanidad consideró que no incurrían en incompatibilidades. Ambos se retractan y reducen su relación con Medical Dom de ser asalariados a un "vínculo mercantil".

El informe asume algunas alegaciones y recuerda el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora que anula la autorización emitida por el ex director de Vizcaya, José Ramón Elorriaga, a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, vinculada a Margüello. Inclán también niega este punto. Elorriaga, cuyo caso por presunta prevaricación se encuentra en la Fiscalía, no ha realizado alegaciones porque no ha recibido el informe, según denuncia Marijuan en su voto particular.

Las alegaciones de Sanidad se centran en restar importancia a las "simples deficiencias administrativas" hasta 2004 y en subrayar los actos desde entones, especialmente a partir de 2006.

El informe

- "La utilización de procedimientos de licitación no adecuados a la legalidad limita la concurrencia".

- "La falta de justificación adecuada en los expedientes de modificación y aprobación de tarifas supone una incertidumbre en cuanto a su pertinencia".

- "Aproximadamente un 20% del importe no está soportado por conceptos incluidos en la orden de tarifas".

- "Las distintas adjudicaciones y prórrogas [a las empresas de los tres facultativos] pueden ser calificadas como nulas por incurrir en prohibición para contratar por su incompatibilidad".

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