Juego limpio

La emocionante final del Mundial de fútbol mostró el buen juego del equipo español mientras un rival falto de recursos practicaba, como ocurre muchas veces en política, la estrategia de todo vale con tal de ganar. La campaña popular a las autonómicas gallegas fue un claro ejemplo de juego sucio en forma de demagogia, coches, sillas o denuncias sobre la adjudicación de la autovía del Barbanza.

El PP intentó imputar a los funcionarios de la Xunta que participaron en la mesa de contratación de esa autovía, sin importarle la honorabilidad y honradez de quienes hicieron su trabajo con rigor. A las órdenes de Feijóo, Agustín Hernández firmó un informe que veía delictiva una adjudicación con un supuesto sobrecoste de 30 millones de euros que, por cierto, ninguna empresa cuestionó. Dicho informe obviaba la seguridad del proyecto y las mejoras técnicas, centrando toda la atención en manipular los costes para ocultar los datos reales que sitúan en 46.400 euros el coste adicional de un proyecto técnicamente mejor.

Antes del 1-M, el PP solo veía legal contratar lo más barato; ahora elige la oferta 250 millones más cara

En el fútbol como en la vida existen oportunistas, pero para que el encuentro sea justo es labor del árbitro detenerlos y adoptar las medidas que garanticen el cumplimiento del reglamento. Desafortunadamente, la denuncia del PP contó con un aliado de excepción, el juez, que decidió arbitrar el partido a pesar de declararse hincha de las tesis conservadoras y estar casado con una concejala popular. Así, en lugar de velar por el juego limpio, utilizó su posición para enredar y mantener viva más de un año la denuncia del PP, pese a la petición de la fiscalía que ocho meses antes solicitaba el archivo de la causa. No fue hasta pasadas las autonómicas de 2009 y después de la victoria del PP, cuando emitió un auto de archivo de la causa por "no existir ningún atisbo de delito".

A pesar de ello, quien antes de las elecciones sólo veía legal contratar con la oferta más barata, sin importarle las características técnicas, prevé ahora adjudicar la autovía de la Costa da Morte, tras acordar la rescisión del contrato anterior, a una empresa con un sobrecoste de 390 millones de euros frente a la concesión inicial y 250 millones de euros más cara que otro participante en el concurso.

En este caso, ante el necesario control parlamentario de la oposición, el presidente, como ya es habitual, opta por embarrar el campo. Respuestas evasivas que no explican los motivos de retrasar más de año y medio los accesos a la Costa da Morte, ni justifican un incremento de coste que permitiría financiar el nuevo hospital de Vigo. Como un mal entrenador, olvida sus compromisos, busca culpables que carguen con su responsabilidad e intenta introducir dudas sobre la calidad del proyecto. Sin embargo, la realidad contrastable es que la adjudicación actual está recurrida por uno de los licitadores y que el proyecto de autovía elaborado por la concesionaria inicial no sólo fue adquirido por la Xunta sino que es el documento base de la nueva licitación.

En el mismo sentido, cuando otro árbitro, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, investiga la imputación de un delito de falsedad documental, el presidente Feijóo, Hernández y Louzán, responsabilizan a un técnico, mientras califican de interés general certificar el remate de una obra sin iniciar y pagar por anticipado a la empresa para la que dos años antes trabajaba Hernández. Como un equipo sin recursos, pretenden que la tarjeta no recaiga sobre los figuras y reinterpretan la ley confundiendo el interés general con sus intereses partidarios, cuando la ley nos obliga a todos, también a los responsables políticos del PP.

Algunos, en el deporte o la política, creen que la victoria justifica los medios, ya sea difamando, prometiendo imposibles, sembrando dudas sobre la solvencia de la economía o aliándose con la crisis. Otros creemos que en política no todo vale y reivindicamos el juego limpio y la búsqueda de consensos que permitan hacer frente a la grave situación que atravesamos. Lamentablemente, no encontramos esta actitud en el presidente de la Xunta, empeñado en no salir en la foto de la crisis y especializado en echar balones fuera. Buscando hacer oposición a Zapatero, olvidó que, más allá de sus legítimos intereses partidarios, su responsabilidad es el futuro del tejido productivo gallego, la calidad de los servicios públicos y el bienestar de las familias. Solo nos resta esperar que los árbitros, la afición o la crítica logren cambiar la estrategia de juego conservadora, por cierto, para empezar el presidente debería pedir disculpas a los funcionarios a los que injustamente trató de imputar.

María José Caride es diputada autonómica del PSdeG y ex conselleira de Política Territorial