Monteseirín utiliza un resquicio legal para acelerar su principal proyecto

Salvo sorpresa de última hora, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobará hoy seguir adelante con las obras de Metropol Parasol, el proyecto para construir un mercado y un gran espacio público en la plaza de la Encarnación. La continuidad de los trabajos tal y como ahora están licitados se hará en contra del criterio del Consejo Consultivo de Andalucía, que la semana pasada emitió un dictamen desfavorable a la modificación presupuestaria de 30 millones de euros presentada por Urbanismo. Acatar la vía propuesta por el Consultivo supondría liquidar el actual contrato con la empresa Sacyr y volver a licitar la obra, lo que según los cálculos municipales supondría un coste añadido de 38,4 millones de euros.

El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, compareció ayer para explicar por qué hoy va a pedir al pleno que acuerde la continuidad de los trabajos. El alcalde se mostró más complaciente que preocupado. "Vamos a acabar con el sino de La Encarnación", dijo en referencia a esta plaza del centro de Sevilla, que espera una solución urbanística desde 1973.

En su discurso no hubo espacio para la autocrítica y del dictamen del Consultivo extrajo una lectura tan positiva como sesgada. El máximo órgano asesor de Andalucía advierte de que los contratos de obra sólo se pueden modificar si se acreditan "necesidades nuevas o imprevisibles", algo que no se cumple en Metropol Parasol, donde lo que Urbanismo introduce son "mejoras" y cambios derivados de "falta de previsión". El alcalde dijo estar de acuerdo con esta interpretación, para, a continuación, advertir de que esas mejoras son tan "importantes y sustanciales" para el proyecto que justifican que se incumpla la norma general de la modificación de contratos. Este incumplimiento viene avalado por una cita jurídica recogida en el informe del secretario, según la cual, el Consejo de Estado admite modificar los contratos por otras razones (en este caso, "mejoras") si se considera de "interés público". Y "normalmente", según dicha cita, "el interés público en el mantenimiento del contrato se hace coincidir con los motivos que hacen más ventajoso a la Administración acordar la modificación que abrir una nueva licitación". En este punto es en el que se adentra el segundo informe en el que ayer se apoyó Monteseirín: un estudio hecho por los técnicos de Urbanismo sobre las consecuencias económicas y sociales que tendría disolver el contrato con Sacyr.

Según las estimaciones de la Gerencia, el coste directo de parar la obra y tener que adjudicarla de nuevo asciende a 38,41 millones de euros. Esta cifra incluiría una parte de la obra ya realizada que queda por pagar (13,36 millones), las actuaciones de seguridad necesarias hasta que se retomen los trabajos (1,35), la indemnización a Sacyr (22,5) la vigilancia y el mantenimiento (0,2) y el desmontaje de vallas y grúas que luego habría que volver a montar (un millón de euros). A esto habría que sumarle los 30,47 millones de euros que cuesta acabar los trabajos, ya que lo que plantean tanto el secretario como el Consultivo es adjudicar de nuevo el contrato de la obra, pero nunca dar marcha atrás en el proyecto. Al margen del coste económico directo, el informe de Urbanismo advierte de que iniciar de nuevo la licitación supondría retrasar como mínimo de 18 meses el fin de la obra (previsto para finales de este año).