El comité de huelga y Metro se reúnen de nuevo hoy
Las negociaciones para desbloquear el conflicto laboral entre los trabajadores de Metro y la empresa viven hoy un nuevo episodio, y ya van cinco. La dirección de la compañía convocó ayer al comité de huelga (Conductores, CC OO, UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato Libre) para una reunión hoy en su sede, con la intención de llegar a un acuerdo sobre cómo materializar el ahorro de 7,9 millones que impone el Gobierno regional.
Tras las últimas negociaciones, Metro pretende que de los 7,9 millones totales, el 2,1 salga de reducir un 1,5% las nóminas de los trabajadores. Los sindicatos, que celebraron ayer asambleas con sus afiliados, seguirán intentando rebajar ese 1,5% (última propuesta de la empresa) y, sobre todo, que no provenga de su salario base. Se ha desechado ya la posibilidad de que las partidas afectadas sean gastos publicitarios. La ley autonómica que legitima el ajuste establece que el ahorro ha de proceder de gastos de personal, y la propuesta de los sindicatos en esta nueva reunión será que el tijeretazo vaya contra las primas de técnicos y directivos de la empresa.
"Ya hemos previsto reducir partidas como dietas, viajes o primas, pero es necesario recortar también los salarios para lograr los objetivos que especifica la ley", señaló un portavoz de Metro. El tiempo apremia, si no hay acuerdo antes del 20 de julio, fecha en que se elaboran las nóminas, Metro descontará un 5% "de todas y cada una de las retribuciones", según expresó al salir de la última reunión el gerente del Consorcio Regional de Transportes, José Manuel Pradillo.
Los sindicatos intentarán también un acuerdo en la paralización de los expedientes abiertos contra los trabajadores que secundaron las jornadas de huelga sin servicios mínimos los días 29 y 30 de junio. Los expedientes ascienden a 900, según la empresa, y 2.000, para los sindicatos.
La tercera petición de los sindicatos será conseguir que, aún en caso de acuerdo, la vía judicial quede abierta. Desde el comienzo del conflicto, entienden que la ley atenta contra lo estipulado en su convenio colectivo y no descartan iniciar un proceso judicial.
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