Un empresario devuelve con fincas rústicas 44 millones de ayudas ilegales

El affaire por la devolución de las ayudas fiscales que empresas vascas recibieron, de modo ilegal según Bruselas, en los años 90 sigue aún coleando. El último informe del Tribunal de Cuentas Públicas (TVCP) de la cuenta general de 2008 de la Diputación de Guipúzcoa saca a relucir el caso de un empresario que, hace escasamente dos meses, restituyó su deuda "en especie". Los 44,8 millones que le reclamaba la Hacienda fueron satisfechos por la empresa a cambio de "fincas de naturaleza rústica". El canje fue comunicado a la Comisión Europea, que aún no se ha pronunciado sobre las actuaciones de la Diputación guipuzcoana, siempre según consta en el informe fiscalizador referido a 2008, el primer ejercicio completo bajo el mandato de Markel Olano.

El Tribunal de Cuentas asegura que la institución foral recuperó en 2007 un total de nueve millones de las vacaciones fiscales que el Tribunal de la UE declaró ilegales en septiembre de 2009. Son importes correspondientes a 16 empresas, de las que 14 han recurrido la devolución ante los tribunales de la Hacienda foral.

En el ejercicio de 2008, la Diputación registró como ingreso el reintegro de las ayudas de estado de una empresa por un montante total de 44,8 millones, correspondientes a las ayudas fiscales obtenidas (30,9 millones) y los intereses de demora (13,9 millones). El informe del TVCP no identifica de qué compañía se trata. Asegura, eso sí, que es la única empresa que no atendió a los llamamientos que hizo la Diputación en 2008 para recuperar las ayudas.

Subvenciones

El empresario recurrió la devolución de esas cantidades ante el Tribunal Económico Administrativo Foral, que en diciembre de 2009 falló en su contra. El pasado 27 de abril la Diputación aceptó "el pago en especie de la deuda" de los 44,8 millones. Los bienes adquiridos fueron valorados en 45,6 millones en la escritura de compra realizada en mayo.

Además de esta cuestión, el TVCP señala en su informe que la Diputación otorgó en 2008 subvenciones directas por un montante total de 33 millones sin haber justificado convenientemente los motivos de la ausencia de publicidad y concurrencia, tal y como establece la ley. El informe, aprobado por unanimidad, asegura que la Diputación cumplió "razonablemente" la legalidad, excepto en la concesión de algunas subvenciones directas.