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COLUMNA

Hacer la trampa antes que la ley

Los asuntos de presunta corrupción, desde Alicante a Caldas de Reis, no respetan ya ni el tradicional sosiego informativo estival. No hace mucho, un experimentado político, ya retirado, me decía que si los dos partidos mayoritarios se pusiesen de acuerdo en hacer unas mínimas reformas legales se acabarían las corruptelas en todos los niveles de la Administración, mucho más frecuentes que las que salen en los medios, y desde luego todavía más que las que acaban en los tribunales. Si él, al que admiro pese a las diferencias ideológicas, lo dice, tendrá razón, aunque otro admirado con reparos, Noel Clarasó, advertía que un hombre de Estado es el que se pasa la mitad de su vida haciendo leyes, y la otra mitad ayudando a sus amigos a no cumplirlas.

No sé si es legal, pero no es justo censarse y votar en sitio distinto al de residencia

Un punto a favor de la tesis Clarasó es el despegado consejo de Feijóo a los emigrantes con nacionalidad española a los que la reforma de la Ley Electoral despojará -con el apoyo de su partido- de la posibilidad de votar en las municipales, de que pueden sortear la literalidad de la norma y su espíritu, todo a la vez, censándose en el concello de origen o preferencia. Se entiende que el presidente se embale en cuanto otea una posibilidad de promover la libertad de elección, pero como decían otros con los que también disiento, una cosa es la libertad y otra el libertinaje, en este caso el censal. Yo vivo a cien metros del término municipal de A Coruña, en el que residí 25 años y sigo haciendo parte de mi vida. También me afecta, y mucho, lo que pasa en Monforte, mi ciudad natal, a donde voy siempre que puedo. Y en O Incio, donde todavía hay sitios que puedo decir que son míos. Ya me gustaría, pero no puedo elegir a los gobernantes de ninguno de los tres Ayuntamientos. Tampoco gallegos residentes en Madrid como Fermín Bouza o Ramón Reboiras, por citar a dos personas que demuestran que les interesa lo que pasa en Galicia, pueden influir con su voto en el rumbo del país. No sé si es legal, pero desde luego no es justo censarse y votar en un sitio distinto al de residencia, porque no se elige a un candidato para alegrarle la vida o resolverle el futuro a él, a sus compañeros de partido o a su jefe de filas (aunque tenga esos efectos colaterales), sino para que administre el día a día, para que gestione los servicios a los que cada ciudadano tiene derecho y por los que paga. Unas elecciones son algo distinto de Operación Triunfo.

De hecho, en las reformas electorales en marcha hay tantos ejemplos de la teoría política Clarasó como errores gramaticales en una retransmisión futbolística. Una muestra más: sorprende un poco que se hayan puesto de acuerdo en endurecer las condiciones para las mociones de censura en los ayuntamientos los mismos partidos que mayoritariamente las protagonizan y consienten. Sorprende porque ya en su día el entonces recién estrenado presidente José María Aznar, con Mariano Rajoy de ministro de Administraciones Públicas, promovió un pacto antitransfuguismo que firmaron todos los partidos y que sigue vigente. Nadie, desde entonces, es capaz de llevar la cuenta de las mociones perpetradas, ni de su signo, pero en esta legislatura y en Galicia el PP ha desalojado, de momento, a nueve alcaldes (en otros tres casos las mociones se hicieron mediante acuerdos entre grupos que antes no habían querido o sabido negociar). Y las únicas consecuencias es que los incumplidores se ahorran la cuota de militantes. Disfrutan no sólo del cargo, sino de la inexplicable defensa que el partido hace de alguien que teóricamente está en rebeldía, en otros casos mantienen intactas sus funciones de representación en las instituciones dominadas por su ex partido y en todos aumentan sus posibilidades de ser ellos los que encabecen de nuevo la lista en la siguiente legislatura. Quizás la convocatoria de elecciones lleva aparejado el perdón de los pecados o la aplicación de la parábola del hijo pródigo, de acuerdo con el humanismo cristiano en el que hunde sus raíces el conservadurismo español (o se deba a la fraternidad sin rencor de los ideales socialdemócratas, en su caso).

En resumen, que ya pueden establecer que para llevar adelante una moción de censura sea necesario el concurso de al menos un concejal apellidado Fernández o que no se pronuncie en contra ningún edil con bigote, que seguro que encontrarán manera de furar. Eso no quiere decir que no aplauda las reformas, sino que me acojo de nuevo a la doctrina Clarasó, ahora a la que afirma que "hay mucha gente que cuando ha de hacer algo, hace algo; aunque no sea exactamente lo que ha de hacer".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 15 de julio de 2010