Democracia burlada

El mundo al revés: un grupo de vecinos ha creado un partido político para legalizar las tropelías urbanísticas que ellos mismos han cometido.

Los partidos son instrumentos para la defensa del bien común, y no de intereses particulares. Mucho menos si son intereses presuntamente delictivos.

Eso es lo que ha sucedido en Chiclana (Cádiz), una población de casi 80.000 habitantes en donde hay censadas más de 15.000 viviendas ilegales. Un grupo de propietarios ha registrado en el Ministerio del Interior el Partido Vecinal Regionalista. Esperan conseguir en las elecciones municipales del próximo año algunos concejales para presionar desde dentro del consistorio y obtener un indulto urbanístico.

El caso de Chiclana no es único. La Junta tiene contabilizadas más de 300.000 construcciones ilegales en Andalucía. Marbella (16.500), la Axarquía (10.000), Almanzora (5.000), Chiclana (15.000), o el espacio protegido de Medina Azahara (400) son campeones del desmadre urbanístico.

Vecinos sin escrúpulos han levantado casas y chalés, algunos con piscina, por la cara. Ante el hecho consumado, y la imposibilidad de derribar miles y miles de viviendas (que es lo que se debería haber hecho al día siguiente de iniciar su construcción) la autoridad competente pretende regularizarlas con la condición de que paguen una ridícula cantidad de dinero, comparada con el daño irremediable hecho al medio ambiente.

No deja de ser un agravio, también, hacia cientos de miles de ciudadanos que han construido o comprado sus casas de acuerdo con la ley y han pagado por ellas sus correspondientes impuestos y licencias.

Los responsables políticos municipales han hecho la vista gorda ante tamaño despropósito. Algunos, como una veintena de alcaldes de la Axarquía malagueña, imputados por consentir esas violaciones de la legislación vigente, tuvieron la desfachatez de pedir que sus delitos (presuntos) no se juzgaran por la vía penal. En su día, el secretario general del PP de Málaga, Francisco Salado, exigió que la Junta suspendiera la tramitación de los expedientes abiertos por infracciones urbanísticas. La delegada de la Junta, María Gámez, le respondió que "resulta preocupante que el PP pida que no se cumpla la ley".

¿Se podría haber evitado este desmadre? Los expertos afirman que hay leyes suficientes. Lo que falta es voluntad de ejecutarlas. Un ejemplo: en el entorno de Medina Azahara, declarado Bien de Interés Cultural, la Junta presentó al Ayuntamiento de Córdoba 347 denuncias entre 1995 y 2003. Pero las construcciones siguieron adelante y según un informe de la Oficina Técnica de Medina Azahara hay ya censadas 250 construcciones ilegales que tienen entre 1.500 y 5.000 metros cuadrados cada una.

La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2009 analiza este tipo de delitos. En la parte referida a la provincia de Cádiz, se alerta sobre casos como el de Chiclana. La Fiscalía denuncia que, tras los procesos de regularización de viviendas ilegales, se han creado asociaciones vecinales que forman "auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística".

Esos grupos no solo exigen que se legalicen sus viviendas, algunas "incursas en procedimientos penales", sino que piden que sus tropelías sean financiadas con fondos públicos. "Ante la pasividad del resto de los ciudadanos", concluye la Memoria, esos vecinos "acaban imponiendo sus planteamientos".

Una inmoralidad inaceptable: primero delinquen y luego presionan políticamente. La cuestión es si derechos tan sagrados como el de manifestación o el de representación política pueden ser utilizados para indultar actuaciones ilícitas. Lo peor es que la burla de Chiclana puede ser imitada por otros muchos infractores de la ley.